Alertan sobre la necesidad de eliminar trabajo doméstico infantil

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Según estimaciones de la Unicef, en Paraguay existen al menos 47.000 menores que se dedican al trabajo doméstico en hogares de terceros, por lo que consideran necesario reforzar los programas sociales con el fin de erradicar esta práctica.

En Paraguay, existen 46.993 niñas, niños y adolescentes trabajando como “criaditos”, lo que representa el 2,5 por ciento del total del país, según la “Encuesta nacional de actividades de niños, niñas y adolescentes 2011”, publicada en el 2013 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).

Esta modalidad de trabajo involucra principalmente a menores provenientes de familias rurales de las clases más vulnerables, que prestan servicios domésticos en las ciudades, en casas de personas desconocidas para ellos, a cambio de vivienda y comida, con la esperanza de recibir una mejor educación.

Sin embargo, en la práctica esta situación hace que muchas veces dejen de asistir a la escuela y estén expuestos a diferentes tipos de abusos. Asimismo, pasan largos periodos de tiempo sin contacto con sus familiares o seres queridos.

El régimen de “criadazgo” forma parte del listado oficial de trabajo infantil peligroso, por lo que esta actividad está totalmente prohibida para todos los niños, niñas y adolescentes del país, de acuerdo al decreto 4951/2005 del Poder Ejecutivo.

Para la Unicef es imperativo que las autoridades nacionales establezcan políticas y mecanismos efectivos para la eliminación de esta práctica, incluyendo el fortalecimiento de las familias de origen para que puedan desempeñar plenamente su rol de crianza.

Propuestas

El organismo internacional sostiene que este fenómeno sienta sus bases en la pobreza y las inequidades sociales, por lo que considera necesario articular esfuerzos a través de programas sociales de lucha contra la pobreza y de apoyo a las familias de escasos recursos rurales; políticas de empleo para adultos; acceso a servicios de educación y salud gratuitos; y crear mecanismos efectivos de aplicación de la legislación vigente, que prohíbe el trabajo de los niños y niñas de menos de 14 años de edad y establece condiciones seguras de trabajo para los adolescentes (de 14 a 17 años).

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