En el corte de pensiones por invalidez cayeron justos por pecadores

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Tras el fuerte escándalo y críticas que levantó la decisión de cortar pensiones por invalidez, el gobierno de Mauricio Macri salió a explicar la medida y terminó reconociendo que habían cometido errores y que habían perjudicado  a personas que “realmente necesitan de esta ayuda”, dijo la ministra Carolina Stanley.

En esa línea Stanley ratificó la vigencia de pensiones por invalidez y dijo que se restablecerán las que se dieron de baja por error.

“Quiero llevarle tranquilidad a las familias que hoy reciben una pensión, que la merecen y la necesitan. No vamos a hacer un recorte masivo, no hay una intención de sacar las pensiones”, declaró.

“Vamos a restablecer todos aquellos casos donde se pudo haber cometido errores. Hay un millón y medio de pensionados en el país. Es una irresponsabilidad tremenda decir que los vamos a dejar sin pensión, porque no es verdad”, aseguró y agregó: “Venimos de años de mucha entrega indiscriminada y clientelar de pensiones. Nosotros no vamos a convalidar las mafias, por eso hacemos estos cruces administrativos, no políticos, todos los meses, para ver quién merece la pensión”.

La acción de terminar con las pensiones otorgadas a personas que no la necesitan o que la reciben por clientelismo es aplaudible, pero no por eso tienen que pagar los platos rotos aquellos que realmente precisan de una ayuda económica porque justamente por sus reducidas capacidades físicas no pueden trabajar y generar sus ingreso su propio sostemiento.

Y acá el Gobierno volvió a mostrar  su imprevisión e insensibilidad.

¿Es necesario que discapacitados beneficiarios de estas pensiones estén por estas horas con el corazón en la boca porque no saben si siguen cobrando? Les plantaron una incertidumbre innecesaria.

Que se debe hacer una limpieza con estos subsidios porque hay muchos casos que no corresponde otorgarlos es evidentemente necesario, pero en la era dela informática esos cortes deberían haber sido más efectivos e ir contra quien abusa de este beneficio.

No puede Stanley decir muy  liviana de cuerpo que han cometido errores y que quienes se sientan afectados deben llamar al 0800 222 3294 o “acercarse” a los Centros de Atención Local (CAL) ubicados en todo el país, lo cual es un pedido injusto en sí mismo.

Estamos hablando de discapacitados. Y también de gente que puede vivir en zonas inhóspitas y que no tiene acceso a internet ni a telefonía.

La medida puede ser correcta, pero se la aplicó de una manera desprolija que hace padecer a quienes ya padecen y mucho.

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