La Provincia no usa 5 edificios para jardines de infantes porque Nación aún no los terminó

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El Ministerio de Educación de San Luis salió al cruce de una polémica que se había desatado en torno a cinco edificios para jardines de infantes construidos por el gobierno nacional y que supuestamente no eran usados por la Provincia.

En algunos medios y en redes sociales se instaló el tema de esta manera: San Luis se niega a utilizar edificios hechos por Nación o los tiene abandonados. Pero en honor a la verdad es que las infraestructuras tienen desperfectos y no fueron entregadas definitivamente por la empresa constructora.

Hidroconst S. A. es la firma que realizará los trabajos y trámites correspondientes para concretar la entrega definitiva de los edificios educativos. Actualmente se encuentran con recepción provisoria, con observaciones.

“El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Educación, lleva a cabo diversas acciones con el objetivo de poner en funcionamiento los cinco jardines construidos con fondos federales en la provincia, los cuales están ubicados en el barrio La Ribera y en el barrio Nueva Urbanización de Villa Mercedes; en el 900 Viviendas de La Punta; en el barrio Mirador del Portezuelo de la ciudad de San Luis; y en el 274 Viviendas de Los Puquios, Juana Koslay”, precisaron esta tarde desde Terrazas del Portezuelo.

“Hoy se llevó a cabo un encuentro entre el ingeniero Rubén Virga, representante técnico de la empresa Hidroconst S. A. -la cual fue contratada por Nación para la ejecución de los cinco jardines en la provincia-, y funcionarios de la cartera educativa provincial para definir los pasos a seguir”, indicaron.

Por medio de un acta, la empresa se comprometió -en el plazo de 30 días a partir de la firma de la misma- a cumplir con todas las observaciones formuladas a los diferentes jardines, las cuales se especificaron en un informe que fue elevado tanto al Ministerio de Educación de la Nación como así también a la empresa contratada.

Asimismo, la empresa se comprometió a hacer efectivo el pago de todas las tasas que adeuda en concepto de presentación y/o aprobación de planos y pago del derecho de construcción a cada municipio donde se llevaron a cabo cada una de las obras.

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