Pasaron a disponibilidad a dos agentes y continúan las investigaciones

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El ministro de Seguridad, Martín Olivero, informó en conferencia de prensa que se trata del adjunto principal Héctor Mariano Ibañez, y del ayudante de cuarta José Alfredo Vélez. Además, confirmó que fue aceptada la renuncia del jefe del Servicio, Tte. Cnel.  (R) Inocencio Carpio.

 

El ministro de Seguridad manifestó que, como consecuencia de lo que se publicó en un medio periodístico, donde se visualiza a través de una fotografía al personal del Servicio Penitenciario Provincial y a los internos del pabellón de adultos mayores (jóvenes de 18 a 21 años de edad) en una requisa pública, el Gobierno de San Luis tomó la decisión de aceptar la renuncia del director de la Penitenciaría, Inocencio Carpio, y pasar a disponibilidad a los agentes directamente involucrados.

 

“Se han iniciado los sumarios administrativos de las dos personas que se identifican en las fotografían y se los ha pasado a disponibilidad hasta tanto se resuelva su situación sumarial. Además, continúan las investigaciones de lo sucedido con el fin de determinar a los involucrados”, expresó Olivero.

 

El hecho sucedió el 22 de abril del año 2013, en horas de la mañana. “Es un hecho aislado que repudiamos completamente y no vamos a permitir que en el Servicio Penitenciario de San Luis pasen estas cosas, es por ello que el Estado toma este tipo de medidas”.

 

 

Asimismo, aclaró que las requisas se llevan a cabo diariamente, de forma individual y en las celdas de los internos, es decir, en lugares privados con el fin de salvaguardar la integridad física de cada interno.

 

Con respecto al reemplazo del jefe saliente, el ministro manifestó que el Gobernador de la Provincia se tomará algunos días para decidir quién ocupará ese lugar.

 

 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Gobierno provincial repudió los hechos

 

La Comisión de DDHH del Gobierno de la Provincia de San Luis, a través de un comunicado de prensa, repudió la práctica de la tortura en todas sus formas y situaciones. Por otra parte el ministro de Inclusión Social, Federico Tula, dio una conferencia de prensa, esta tarde en Terrazas del Portezuelo, donde se pronunció en la misma dirección que la comisión ante tales hechos.

 

El ministro de Inclusión social Federico Tula junto a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia.

El ministro de Inclusión social Federico Tula junto a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia.

 

El ministro Tula expresó: “Nosotros valorizamos día a día los derechos humanos y negamos rotundamente que en San Luis se violen los mismos. No solamente trabajamos con los internos  para que se mejoren sus condiciones de alojamiento, sino también en todo lo que es la reinserción social de cada uno de ellos. Nosotros, en este caso que es completamente aislado, vamos a actuar con todo el rigor de la ley”.

 

El ministro ofreció la conferencia de prensa acompañado por los miembros de la Comisión de DDHH del Gobierno de la Provincia de San Luis: Julio Braverman, Juveín Quiroga y Juan Carlos Palacio.

 

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos horas antes había fijado posición: “En el día de hoy se han hecho públicas fotografías que revelan que en el Servicio Penitenciario Provincial no ha logrado desterrar, de modo definitivo, esas prácticas aberrantes cometidas contra personas indefensas y sometidas a tratos crueles e inhumanos”.

 

La Comisión ha trabajado durante la mañana de hoy en el penal, contactando y dialogando con todos los segmentos del sistema y “ha constatado que los autores de los tormentos fueron separados de sus cargos, por conductas que remiten a épocas que todos pensamos desterradas de la vida democrática y republicana”.

 

“Nos pronunciamos decididamente repugnados por la tortura, efectuada en cualquier tipo de institución o establecimiento, público o privado. Es ambición permanente del Gobierno provincial, y de esta Comisión en particular, investigar, juzgar, y condenar este tipo de prácticas. Nos solidarizamos con las personas que han sido sometidas a tratos inhumanos crueles y degradantes de su dignidad y sus derechos constitucionales”, concluyó el comunicado emitido desde la Comisión de DDHH provincial.

 

 

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