Salomón pidió liberar a Lorenzetti porque no hay pruebas en su contra

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Carlos Salomón, abogado defensor de Diego Lorenzetti, intendente suspendido de La Calera y con prisión preventiva por estar sospechado de ser quien mandó a matar a su esposa Romina Aguilar, pidió este lunes la liberación de su cliente tras calificar de inconsistentes las pruebas en su contra y de considerar que “la causa está en terapia intensiva.

El profesional evaluó que la prisión preventiva de Lorenzetti se sustenta probatoriamente en una declaración testimonial del Inspector de Policía Fernando Rosales; indagatoria de Edivaldo De Oliveira Pereira (otro de los detenidos por el homicidio) y la transcripción de escuchas y mensajes telefónicos.

Respecto a la declaración de Rosales, Salomón observó que “se computa como elemento de prueba base lo aseverado por el funcionario policial, lo que resulta contrario a derecho y la utilización de esa declaración testimonial, implica no solo vulnerar las garantías y derechos Constitucionales de mi representado, sino que desvirtúa la esencia de una investigación penal en un Estado de Derecho. En ese contexto, las tareas de inteligencia que desarrolla el personal policial, conforme a la legislación procesal vigente, no puede ser volcada en una declaración testimonial conforme a lo normado en el art. 174 y cc. del Rito, ni siquiera como mero testigo de referencia o de oídas”.

“El Juez que pretenda analizar esta declaración para sustentar la pertinencia del procesamiento de su representado, fundamentalmente debe pronunciarse respecto a cuál normativa procesal de nuestro sistema admite que un policía de la misma unidad que investiga el delito preste declaración testimonial en el sumario prevencional, y sostenga una versión de los hechos señalando a Lorenzetti como responsable intelectual del homicidio de su esposa, además de mencionar los autores materiales presuntos, en base a “…fuentes de información reservada, dicho de personas que no se da a conocer, solamente solicita transmitir dicho de oído…”, es decir soslayando el Sistema Judicial, colocando al Juez de la causa y la defensa Técnica impedidos de verificar y/o controlar la pertinencia y/o verosimilitud de sus dichos imputativos”, dijo el abogado en un escrito que compartió con los medios.

“El funcionario policial Rosales, ha asumido el rol de Juez supremo siendo poseedor de palabra santa que le permite en base a distintas fuentes de información reservad, erigirse en la fuente probatoria más importante para sustentar el procesamiento de Lorenzetti”, advirtió Salomón.

“En relación a Lorenzetti, Rosales sostiene que esta persona habría encargado la muerte de su esposa, a un tal Brasilero y un tal “Boconeta” Vilchez”, explicó.

“Evidentemente es necesario poner coto a la grave situación que se está presentando en la investigación de homicidios en los últimos tiempos, con la aparición imprevista del Inspector Rosales y “sus fuentes reservadas”, lo que constituye prima-facie un accionar ilícito en perjuicio de personas que están sometidas a un proceso penal, por lo que corresponde expreso pronunciamiento al respecto”, expresó el facultativo.

Salomón consideró que las declaraciones de Rosales y De Oliveira son contradictorias respecto a las circunstancias y personas que habrían sido receptores del encargo y el pago remuneratorio para el homicidio.

“Rosales dice que De Olivera y Vilchez Cristian, pero De Oliveira dice que Gastón Heredia alias El Chori”, señaló el abogado como un contrapunto importante.

“Además, la espontánea presentación De Oliveira en el Juzgado, es sospechosa porque el automóvil de su esposa en el cual se conducía el día de su presentación, estaba estacionado en la División de Homicidios”, indicó.

El ex juez Penal y defensor de Lorenzetti fue más allá: “La ausencia de investigación y la realización de la maniobra policial fluye cuando el juez, reconociendo los hechos denunciados por esta defensa el 29 de abril casi dos meses después de que la policía-supuestamente-conociera  la participación De Oliveira y Leandro Vilchez en los hechos investigados, procedió a ordenar y efectivizar el allanamiento de la morada de estas personas, obviamente tardío y frustrado”.

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