Se cumplió un año del proceso de paz entre el gobierno y las FARC

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El proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC cumplió el último viernes un año de su inicio formal en Noruega, sin haber llegado a acuerdos en la mayoría de los temas pactados en la agenda y con las próximas elecciones presionando los tiempos para llegar a un acuerdo que ponga fin a 50 años de conflicto.

Las delegaciones de la guerrilla y del gobierno que encabeza el presidente Juan Manuel Santos abrieron las conversaciones el 18 de octubre de 2012 en la ciudad noruega de Hurdal, en las afueras de Oslo, y pactaron una agenda en cinco puntos: el desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto y desmovilización, solución al problema de las drogas ilícitas y reparación a las víctimas.

A estos puntos se le sumó luego un sexto referido a la verificación y refrendación de los acuerdos finales, ítems donde se enfocaron los debates en las últimas semanas.

El inicio de este proceso, que nació una década después de que fracasara otro intento similar en los 90, en caso de tener éxito dejará al país en condiciones inmejorables para cerrar el conflicto interno más prolongado de la historia de América latina.

En Noruega se sentaron las bases para el proceso que se trasladó un mes después a La Habana. En esa reunión, delegados del Ejecutivo y las FARC firmaron un documento que los comprometía a no levantarse de la mesa de diálogo hasta que no se logre alcanzar un acuerdo «sensato y real» por la paz.

Además, se ratificó que durante las conversaciones no habría despeje militar ni cese del fuego, el cual se producirá sólo en el momento final del fin del conflicto.

«Las FARC acuden a la mesa con un sueño colectivo de paz y con un ramo de olivo en las manos», dijo entonces el delegado por la guerrilla, Iván Marquez.

En aquella reunión inaugural, y en réplica al pronuciamiento de las FARC, el delegado por el gobierno, Humberto de la Calle, aclaró que no estaba en juego el modelo económico y señaló que el gobierno estaba «en condiciones de encontrar acuerdos para la transformación de las FARC en una fuerza o partido político», pero encontrando «decisiones en materia judicial en el marco de un proceso de justicia transicional» para tratar a los guerrilleros.

No obstante, tras 15 ciclos de negociaciones en el Palacio de las Convenciones, en Cuba, los avances no son significativos y el diálogo se debate entre cruces, pausas, la continuidad y la ruptura.

Aunque en mayo se firmó un acuerdo sobre el punto de la cuestión agraria, los negociadores aún no conseguieron cerrar el segundo ítem referido a la participación política.

Las FARC consideran que este tema debe darse «con garantías de seguridad», un factor muy sensible para la guerrilla por el recuerdo de la matanza que tuvo lugar en la década de 1980 de unos 4.000 miembros de la Unión Patriótica, partido que surgió de los primeros intentos de paz del gobierno con esa organización.

Desde el inicio del diálogo, solo las FARC divulgaron un primer informe sobre el estado de las conversaciones, en el que revelaron que se lograron unas 25 páginas de «acuerdos parciales» pero «modestos» y rechazaron ser responsables de que no se haya progresado más.

Uno de los puntos donde hay desacuerdo es en la propuesta del gobierno de un referendo o consulta popular para refrendar un eventual acuerdo final, en contraposición con la iniciativa de las FARC de celebrar una Asamblea Constituyente.

Sobre el tema de las víctimas, que atañe al llamado Marco Jurídico para la Paz -herramienta legal que regulará el paso a la reconciliación si se logra un acuerdo final-, el gobierno defiende la propuesta y advierte que «no habrá impunidad para los crimenes de la guerrilla», y las FARC insisten en que se establezca una «verdad histórica», y en que el resarcimiento incluya la obligación para las partes de un «perdón colectivo» y un pacto de «nunca más» una vez alcanzada la paz.

Además, los comicios presidenciales y parlamentarios del próximo año le han dado un tinte político a la histórica decisión de Santos de sentarse a negociar con el grupo guerrillero.

En este sentido, el presidente colombiano afirmó ayer que está dispuesto a sacrificar «mil veces» su reelección en caso de que fuera necesario para sacar adelante el proceso de paz.

«La reelección es secundaria frente al objetivo de la paz», dijo Santos durante un acto, en un intento por alejarse de las acusaciones de las FARC sobre su especulación política ante la cercanía de los comicios.

La idea de ambas delegaciones era que el diálogo finalizará antes de las elecciones de 2014, pero los tiempos se extendieron y el grupo guerrillero considera que para que los cambios sean profundos no deben dejar por fuera ninguna de sus propuestas.

Ante el panorama, el mandatario colombiano está entre congelar las conversaciones, suspenderlas hasta que se realicen las elecciones, o seguir adelante pese a los tiempos.

Varios partidos políticos consultados por Santos apoyan la continuación del proceso, mientras que opositores como el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) pidieron suspender los diálogos ante el reciente aumento de ataques guerrilleros.

La opción que más suena en el gobierno, por voluntad manifestada por Santos y considerada por delegados de las FARC, es el del receso o pausa del proceso por los comicios.

El próximo paso es el inicio de la décimosexta ronda, donde discutirán temas como el derecho a la protesta, así como los mecanismos de participación de minorías étnicas y las garantías de la oposición y los movimientos que puedan surgir tras un acuerdo.

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