Un fallo judicial ordenó al feedlot Nicanor cumplir con leyes ambientales de San Luis

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La empresa Nicanor, propietaria del Feedlot donde se engordan unas 10 mil cabezas de ganado había logrado un recurso de amparo de un juez de San Luis que le permitía no cumplir con las leyes y disposiciones ambientales de la Provincia y la autorizó a continuar con un proceso de contaminación por residuos no tratados en perjuicio del dique La Estrechura, cerca de Estancia Grande.

Ese fallo judicial rayó lo escandaloso. La Secretaría de Medio Ambiente del gobierno provincial había clausurado el predio y ordenado una remediación, pero esas resoluciones no se habían podido ejecutar porque ese amparo.

Pero esta semana la situación dio un giro de 180° y fue la Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de San Luis la que vino a poner las cosas en su lugar porque revocó este lunes una sentencia de primera instancia que otorgaba esa excepción a la empresa Nicanor.

Alejandro Cordido, jefe de la Oficina Legal de la Secretaría de Medio Ambiente, confirmó que este último fallo judicial le dio la razón a la Provincia.

La sentencia de primera instancia ordenaba al Gobierno de la Provincia, a la Municipalidad de Estancia Grande y al SENASA que no le exigieran a la empresa ganadera la normativa que rige la actividad a través una ley provincial, que es complementaria de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. Esta última reglamenta el Artículo 41° de la Constitución Nacional que dice textualmente: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Por su parte la jefa del Subprograma Residuos Peligrosos, Eliana Giorda, recordó que Nicanor había presentado en 2011 una categorización para encuadrar el establecimiento en el marco de la Ley de Impacto Ambiental, que en ese momento no existía, ya que sólo había una resolución.

Al salir la ley en 2013 y reglamentarse al año siguiente, es que se hace una inspección al feedlot y se le solicita que presente el estudio de impacto ambiental. Pero la empresa respondió que no correspondía aplicar la ley por considerar que eran preexistentes a esa legislación.

La ley establece en un artículo específico para los establecimientos preexistentes un plazo para que se acomoden a la normativa.

Tras la negativa de Nicanor a cumplir con la legislación, el gobierno provincial dispuso el cese de actividades, una medida que la firma luego cuestionó mediante un recurso de amparo, cuya sentencia ahora fue rechazada por la Cámara Civil.

“Ellos se niegan a realizar el estudio de impacto ambiental, pero por la ley están catalogados como una actividad pecuaria, con cría intensiva, entonces están obligados a presentar el estudio de impacto ambiental, que incluye evaluación del destino de los residuos, efluentes y desechos patológicos de las vacunas, entre otros”, detalló Giorda.

La funcionaria también recordó que cuando en junio del año pasado la empresa tomó muestras, no cumplían los parámetros de la normativa y por ello se convertían en potenciales contaminantes de las napas y ríos pendiente abajo.

Fuente Agencia de Noticias

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