Violencia de género: En San Luis reformarán el Código Procesal Penal para que jueces puedan dictar prisión preventiva a quienes violen órdenes de restricción

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El ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz, adelantó que el Ejecutivo elevará al Poder Legislativo un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal y crear una herramienta judicial que les permita a los jueces dictar prisión preventiva a quienes violen las órdenes de restricción o de exclusión del hogar.

En la actualidad muchas se esas restricciones que se dictan contra hombres denunciados por violencia de género son incumplidas y las denunciantes vuelven a hacer atacadas.

Con esta modificación, quien no acate la decisión judicial de no acercarse a la víctima terminará preso.

En declaraciones a El Diario de la República, Mones Ruiz, adelantó que está trabajando en un proyecto de ley para incorporarle un inciso al artículo 510 del Código Procesal Criminal de la provincia que establece los requisitos para dictar la prisión preventiva: “Para que sea motivo de denegación de la excarcelación o de la eximición de prisión el hecho de que se haya violado una orden de restricción”. Y aclaró que esa limitación debe estar vigente y debidamente notificada.

“Lo que nosotros intentamos a través de este proyecto de reforma del Código Procesal es darle a los jueces las facultades, a través de un medio idóneo, para que se combata este tipo de incumplimientos a las órdenes judiciales. Porque lo que hay que entender es que una vez que la Justicia da una orden, todos tenemos la obligación de cumplirla. Y en este caso, si no se lo hace, pone en riesgo a las personas”, explicó.

“Cuando se logra la detención de una persona, el mismo Código Procesal exige algunos requisitos que deben cumplirse. Y al mismo tiempo hay una serie de elementos que el juez debe valorar para denegar una excarcelación o la eximición de prisión. Estos son artículos que juegan armónicamente por eso nosotros vamos a plantear la reforma del 510, que determina las causales por las que no se da la excarcelación al imputado, incorporándole un inciso para que sea motivo de denegación de la excarcelación o de la eximición de prisión, el hecho de que se haya violado una orden de restricción”.

Se estima que 3 de cada 10n ordenes de restricción no se cumplen y Mones Ruiz observó que eso se produce porque “la defensa del imputado alega que las órdenes no han sido notificadas debidamente, porque muchas veces se dictan como una cautelar rápida y los jueces avisan por teléfono a la Comisaría del Menor, que es la que se encarga hacerlo mediante sus agentes. Pero a veces no se formaliza como lo exige el Código. Por eso vamos a reunirnos con representantes de la Justicia y la Policía para evitar que esto suceda y que se utilice, en muchos casos, como un elemento para la defensa de los agresores”.

Fuente El Diario del República

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