La gestión del intendente, Enrique Ponce, puede mostrar algunos logros en materia de organización urbana y en la calidad de determinados servicios que se prestan con cierta eficiencia, pero probablemente no será recordado por esto, sino por las promesas incumplidas en materia de viviendas sociales.
En plena campaña para acceder por primera vez a la Intendencia de la ciudad de San Luis, Ponce prometió sin titubear que iba a construir 10 mil casas y faltando poco más de un año para terminar su segundo mandato y dejar el sillón de Belgrano y San Martín ese número está muy lejos de alcanzarse.
Pero la cuestión no queda ahí, sino que prácticamente toda la política habitacional está teñida de situación que al menos rayan lo escandaloso. Hace algunos días se conoció la denuncia de un ex inspector municipal quien asegura que le falsificaron la firma en una certificación de obra de construcción de viviendas; hay casas usurpadas y quejas por fallas en la edificación.
A eso se sumó hoy una protesta con corte de calles de al menos 30 familias que recibieron lotes en Granja La Amalia para construir sus casas en el marco del plan “Tu techo, tu tierra” supuestamente a título gratuito y ahora el Municipio pretende cobrárselos en 48 cuotas de $6500.
“No dieron las tierras a título gratuito y ahora pretenden cobrarlas. Nos reunimos con funcionarios municipales y acordamos mantener otro encuentro la semana que viene donde nosotros tenemos que presentar una propuesta. Ellos nos explicaron que en realidad no nos cobrar el terreno sino la urbanización y que están obligados a hacerlo porque la Nación nos les envió los fondos y entonces el costo nos lo trasladan a nosotros”, le dijo a Punto Aparte uno de los vecinos que marchó y protestó frente a la Intendencia.
De ese encuentro participaron el secretario de Obras Públicas, Enrique Picco; Francisco Petrino, secretario de Gobierno; Ariel Alcaráz, director de Viviendas y Julieta Rossi, asesora letrada del municipio.
A esta altura de las circunstancias, es probable que la crisis o los conflictos con las viviendas municipales no alcancen, por el tiempo que resta para terminar el mandato, a ser resueltos por esta gestión.