La historia, por insólita y grave según avance la investigación, empieza a dar vuelta el planeta. El hecho tiene a San Luis como escenario porque la policía de esta provincia demoró hace un par de jornadas a un hombre y a una mujer que dicen llamarse “Sergio” y “An”, quienes viajaban en una camioneta Honda CRV gris junto a cuatro menores de edad sin ningún tipo de documentación personal, porque según les afirmaron a los efectivos ellos son “ciudadanos del mundo”, apátridas y desconocen cualquier autoridad civil, sólo responden a las leyes naturales.
El vehículo en el que circulaban tampoco tiene papeles, ni siquiera patente reglamentaria. Sólo un cartel con letras y números con la leyenda “propiedad privada” y lo denominan “Terranave”.
Sergio y An les dijeron a los policías puntanos que cumplen sus funciones en el límite entre Córdoba y San Luis en el paraje “Las Palomas” que ambos son “soberanos que se rigen por ley natural” y no reconocen leyes ni autoridades.
“No sabemos quiénes son, de dónde vienen ni adónde van”, aseguró el juez federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul.
Fuentes judiciales confirmaron que la pareja continúa demorada y que menores de 11, de 8, de 4 y de 2 años fueron puestos a resguardo en una Familia Solidaria hasta tanto se determinen sus identidades.
Hasta acá los adultos sólo explicaron que llegaron a Argentina desde Chile y que viajaron sin problemas por Buenos Aires y por Córdoba. Según apuntaron, viajaban desde la zona de Mendiolaza, Córdoba, hacia Villa Praga en San Luis.
Cuando la policía de San Luis los quiso identificar (una tarea de rutina en un puesto limítrofe) Sergio y An mostraron un supuesto “pase universal” con la siguiente leyenda: “Universal Pass CESTUI QUE VIE 2022″ y explicaron que se trata de una “declaración jurada bajo pena de perjurio”.
La “Terranave” estaba identificada con una patente que dice “UCC-1-308″ y la frase “propiedad privada”. Sergio le dijo a los efectivos que el vehículo tenía una patente chilena, pero ellos pidieron darla de baja para inscribirla con la nueva patente, la cual sería la “reserva de derechos para uso de la propiedad privada”.
El caso en la Justicia Federal
El juez federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul, habló sobre el caso con El Diario República y a este medio le dijo que “en un primer momento, intervino la Policía provincial, pero, ante la posible comisión de delitos de orden y competencia federal, nos pasaron la competencia a nosotros”.
“No sabemos quiénes son, de dónde vienen ni adónde van”, advirtió el magistrado, “pero nuestra preocupación, más allá de la falta de identificación y de colaboración de los adultos, es la situación de los menores”.
“Mi obligación es preservar la vida y salud, sobre todo de los menores, porque así me obligan la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a la Constitución”, sostuvo.
El fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, realizó una audiencia –remota– con Serio y con An, quienes estaban en Los Cajones, y con María Virginia Jalil, defensora pública oficial federal de Villa Mercedes, y con Federico Pastor, defensor público oficial de San Luis.
“Ellos creen que son ciudadanos del mundo y no reconocen autoridad judicial alguna. No me reconocieron como juez ni al fiscal como fiscal, entonces tuvimos que aportarles la defensa de oficio de Jalil y del doctor Pastor por los menores, a fin de garantizar los derechos de defensa”, explicó el magistrado.
“Terminaron por negar la actuación de la Justicia y por desconocer a todos los que estuvimos en la audiencia, y directamente se levantaron y se retiraron de la sala en la que estaban”, cerró Nacul.
Los adultos tendrían actuaciones en un juzgado federal de Salta por tratar de pasar hacia Bolivia por el paso Aguas Blancas con la misma “documentación” que presentaron en San Luis, y también por una maniobra similar en Mendoza, desde donde pretendían ingresar a Chile.
An, como dice llamarse, interrumpió a las autoridades federales durante toda la audiencia dejando claro que no los reconocían como autoridad. Según informó Carlos Paz Vivo, la mujer habría denunciado que “la corporación ha secuestrado a seres vivos”. “La corporación”, según aseguraron, serían países como Chile y Argentina.
“No son estados, actúan de facto. La Policía nos trató muy bien, son hombres de bien, pero no entienden lo que les explicamos”, señalaron los viajeros.
Sergio se limitó a filmar un video que luego fue subido a las redes sociales de una mujer identificada en Facebook como Patricia Funes, que dice vivir en San Rafael, Mendoza.
En su perfil asegura ser profesora de Derecho y de Ciencias Económicas y docente titular de Derecho y Ley Natural, Derecho Marítimo, UCC, Derecho Canónico, Derecho Consuetudinario, Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Laboral, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derechos Humanos y Ciencias Económicas en su propio Instituto Privado de Carreras Útiles y Capacitación de Empresas (Icuce).
La mujer transmitió en vivo una especie de “juicio ante el juzgado internacional de las gentes” contra todos los que intervinieron en el procedimiento en Las Palomas, contra el Estado argentino y contra el Gobierno de la Provincia de San Luis.
Según denuncia Funes, la familia estuvo “24 horas retenida” sin haber cometido ningún delito, ya que “no tienen de qué acusarlos”.
Con información de Infobae – El Diario de la República y La Voz del Interior