El conflicto con un sector de la Policía de San Luis entrará en la tercera semana y todo indica que el status quo se mantendrá así por varios días más.
Es que las partes involucradas (Gobierno de San Luis y el grupo de efectivos que mantienen la toma de Jefatura Central) no seden ni un tranco. El Ejecutivo se plantó y advirtió que sólo se sienta a negociar si abandonan el edificio, pero los que encabezan la revuelta desconfían y no aceptan la condición.
Las posiciones son lógicas. El Gobierno, o quienes negociaron en su nombre, no supieron evitar llegar a este punto y ahora deben sostener lo que es políticamente correcto: no dejarse apretar y mostrar que sus decisiones no se tumban con movida del tamaño que se montó.
Y como se dice en la jerga barrial, los que reclaman “están jugados”, ya perdieron sus trabajos y ahora sólo les queda mantenerse así y presionar.
Este fin de semana el jefe de Policía, Oscar Papaño, se reunió con el ministro de Seguridad, Martín Olivero, junto a la Plana Mayor. Los policías buscaron ablandar la posición oficial con comentarios a medias, pero el funcionario, les dijo que la decisión está tomada.
Fuentes policiales consultadas por Punto Aparte introdujeron una tercera cuestión, que tiene el mismo grado importancia que la toma en sí: es muy alto el porcentaje de policías, que están favor de los motivos de la protesta, que en público se muestran en contra pero prestan apoyo logístico.
Ese tercer elemento debe encender luces de alerta, porque habrá un día después y un camino muy largo a recorrer para recomponer una situación de muy alta gravedad institucional.
En medio de este zafarrancho está la gente, que si bien mira indiferente el conflicto, está comenzando a sentir los efectos de la crisis: las comisarías no atienden normalmente, no hay un buen patrullaje en las calles y los sistemas de llamados telefónicos para emergencias no funcionan.