El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, expresó su voluntad de desarrollar una ley para regular las huelgas, algo a lo que no se atrevió nadie en democracia, al tiempo que no descartó tener que aprobar nuevos ajustes para cumplir con el déficit pactado con Bruselas.
Después de un largo período sin otorgar entrevistas, Rajoy habló con Radio Nacional de España (RNE) y anunció que encargó al Ministerio de Trabajo un informe sobre una posible ley para regular los servicios mínimos en las huelgas.
«Para hacer compatible el derecho de huelga y la libertad de los ciudadanos», argumentó.
La huelga, que es un derecho constitucional, está regulada por un decreto de la era franquista, que data de 1977, y que nunca antes un gobierno democrático se atrevió a modificar.
En España se pactan servicios mínimos, pero la intención de Rajoy es garantizar su cumplimiento, algo que no siempre ocurre.
Rajoy defendió la polémica ley de Seguridad Ciudadana que penalizará con elevadas multas las infracciones graves de orden público, como insultar a la policía y sancionará las manifestaciones sin autorización previa como los escraches La reforma llega después de que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, reclamó una mayor regulación tras denunciar el incumplimiento de esos servicios mínimos durante la reciente huelga de basureros de la capital.
Rajoy también defendió la polémica ley de Seguridad Ciudadana que pretende aprobar próximamente su gobierno y que penalizará con elevadas multas las infracciones graves de orden público, como insultar a la policía o distribuir sus fotos y sancionará las manifestaciones sin autorización previa como los escraches.
«Las medidas van en línea con todos los países democráticos. Sería extraño un país donde se pudiera manifestar sin autorización», afirmó.
En otro orden, si bien dijo estar en condiciones de decir que «no habrá ajustes tan importantes como los que hemos adoptado en los dos últimos años», Rajoy no desestimó la posibilidad de acometer nuevos recortes en línea con lo exigido por la Comisión Europea (CE), que puso en duda que España pueda garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit del 5,8% para el próximo año.
No obstante, quiso dejar claro que no volverá a modificar el IVA en 2014 y 2015 y, por el contrario, su intención es bajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Durante su campaña y en el discurso de investidura, el líder del Partido Popular (PP), que ayer cumplió dos años en el poder, había prometido que no subiría impuestos pero incumplió con su palabra y elevó tanto el IVA como el IRPF.
Asimismo, anticipó algunos de sus planes para los próximos años de legislatura, entre ellos, una reforma fiscal y del sistema de financiación autonómica para repartir los impuestos entre el Estado y las comunidades autónomas.
Aunque Rajoy no profundizó en detalles, la reforma del sistema de financiación está claramente dirigida a encauzar el conflicto soberanista de la norteña comunidad de Cataluña, uno de los mayores desafíos que afronta el presidente en la actualidad junto con la crisis económica y el caso de corrupción que sacude a su Partido Popular.
El mandatario reiteró que tuvo que tomar medidas «difíciles», pero se mostró optimista en cuanto a los resultados y se atrevió a decir que está «convencido» de que en 2015 dejará una cifra de desempleo menor a la que encontró cuando llegó al poder, es decir que deberá lograr que 630.000 personas abandonen las filas de los desocupados.
En el último trimestre de 2011, la Encuesta de Población Activa (EPA) arrojaba una cifra de 5,27 millones de desocupados, el 22,85%, y en el tercer trimestre de 2013 los datos son 5,9 millones de desempleados, el 25,98%.
Por otro lado, manifestó su voluntad de continuar con su actual equipo hasta el final de su mandato: «No tengo intención de remodelar el Gobierno antes de Navidad y si puedo, en toda la legislatura».
De hecho, dijo que el polémico ministro de Educación español, José Ignacio Wert, responsable de la última reforma educativa que fue muy resistida en las calles por consolidar recortes y reintroducir elementos del pasado franquista como la religión en las escuelas, «ha sido muy valiente», y «tiene pleno apoyo del gobierno y el presidente».
Y finalmente hizo una cierta autocrítica respecto al escándalo de corrupción que sacude al PP, el famoso caso de la contabilidad B atribuida al ex tesorero Luis Bárcenas, quien se encuentra en prisión.
«Podríamos haber hecho las cosas mejor», pero «también se aprende de los errores», añadió, Rajoy, quien sigue negando la exigencia de las cuentas B y haber cobrado sobresueldos como asegura el ex tesorero de su partido.