La Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenó a Japón que cese la caza de ballenas en el océano Antártico, al considerar que es una actividad comercial que intenta ser disfrazada como científica.
La corte falló a favor de las ballenas por 12 votos a favor y 4 en contra.
Australia llevó el caso ante el tribunal en 2010, alegando que Tokio violaba las leyes internacionales al matar a cientos de ballenas al año con propósitos comerciales.
Japón se mostró “profundamente decepcionado” por la decisión, aunque señaló que la esperaba, según dijo un funcionario del gobierno citado por la agencia de noticias Kyodo News, difundido por DPA.
“Tener esta sentencia de la corte internacional, que es absolutamente clara y completa, defiende la decisión de llevar a Japón ante el tribunal”, dijo el ex ministro de Medio Ambiente de Australia, el laborista Peter Garrett.
En tanto, Milko Schvartzman, coordinador de la Campaña de Océanos de Greenpeace, destacó que “celebramos este fallo de la Corte, que confirma lo que Greenpeace viene denunciando desde hace décadas: la caza de ballenas es ilegal, y no tiene nada de científica”.
Si bien la decisión de hoy no proscribió la matanza de ballenas para la investigación científica, afirmó categóricamente que el programa de caza de Japón en el Océano Austral no persigue fines científicos y no respeta el reglamento de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).
Entre los argumentos que sustentan esta decisión, el principal, es el hecho de que los números de ballenas cazadas no corresponden con ningún criterio científico; tampoco la variación de estos números y de las especies cazadas.
“Es un día muy especial para el futuro de las ballenas; necesitamos terminar con la caza comercial, así podemos poner el foco en otras graves problemáticas ambientales que afectan a las ballenas y los océanos, como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático”, expresó Schvartzman.
Japón puso fin a la caza de ballenas con fines comerciales oficialmente en 1987 pero desde entonces ha realizado caza con fines de investigación, algo que muchos critican como un agujero legal en la Carta de la Comisión Ballenera Internacional.
