La familia de Jéssica Luciana Castro, de 25 años de edad, pedirá una nueva autopsia al cuerpo de la joven hallada muerta el domingo a la tarde en una zona rural aledaña a la localidad de Potrerillos en el Departamento San Martín.
El entorno de Jéssica se mostró disconforme con los resultados de la autopsia, la cual determinó que la causa de la muerte se produjo por asfixia mecánica por ahorcamiento, compatible con suicidio.
Para ellos y algunos colectivos feministas, se trata de un femicidio y apuntaron directamente a la pareja, con quien estaba la tarde del domingo, día en que ocurrió el fallecimiento en horas de la siesta.
Según lo expresado por la pareja de la joven, éste la encontró sin vida en el baño de la casa.
“El lunes 9 de agosto, se llevó a cabo la necropsia en la morgue con asiento en Concarán. En el informe forense, se concluyó que la muerte fue producida por asfixia mecánica por ahorcamiento, compatible con suicidio. El cuerpo no presentaba lesiones de data reciente”, precisa un parte de prensa difundido por el Poder Judicial.
Este martes, la jueza Patricia Besso a cargo de la investigación, recibió en el juzgado a familiares de la joven, quienes le manifestaron que Jéssica sufría violencia de género por parte de su pareja. Dijeron que tenían dudas respecto de las circunstancias en las que se produjo el deceso y que solicitarían una nueva autopsia.
“A fin de garantizar el debido proceso, la justicia aguarda la formalización de dicha solicitud”, precisó la Justicia en el comunicado.
En relación a los antecedentes de violencia, el Juzgado de Instrucción Penal y el Juzgado de Familia y Violencia con competencia en los Departamentos Chacabuco y San Martín, informaron que no obra en sus registros ninguna causa en trámite por violencia de género que tenga como partes a Jéssica Luciana Castro y su pareja.
Por último, se menciona que ayer Besso se reunió con representantes de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. El encuentro tuvo como objetivo definir acciones para trabajar de manera articulada en la prevención y abordaje de casos de violencia de género en la zona, optimizando las intervenciones de ambos organismos en el ámbito de sus competencias.