Diferentes sectores sociales y gremiales advirtieron que el proyecto “Ley de Comunicaciones Convergentes”, que tiene media sanción de Senadores, pondrá en riesgo más de 20 mil puestos de trabajo en todo el país.
Esta semana la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación recibió a especialistas, representantes gremiales y asociaciones de diferentes regiones del país para escuchar su postura sobre esta iniciativa del gobierno nacional.
“Hay 20 mil puestos de trabajo en peligro. No puede prevalecer un esquema de negocios llevándose puesto un esquema de comunicación social. En un mercado como las comunicaciones la asimetría es enorme”, expresó el compañero Gustavo Bellingeri, Secretario Gremial del SATSAID.
Por su parte María Victoria Cherñajovsky, directora de cine e integrante del colectivo de mujeres autoconvocadas del cine, dijo que “estamos ante una situación de peligrosidad porque la ley no contempla ningún tipo de obligación para la producción de contenidos argentinos. Brasil obliga a Netflix a producir películas locales, por ejemplo”.
“Se está obviando un aspecto central como la vulnerabilidad de PyMEs y sector público. Hay que regular para todos y no para los sectores de mayor peso”, sentenció Daniela Monje, especialista de la Universidad Nacional de Córdoba.
Santiago Marino, director de la Defensoría del Público, organismo que se encuentra acéfalo, manifestó que “la ley avanza desde la perspectiva del mercado y limita al usuario como mero consumidor”. También pidió “tarifa social para internet”.
“En defensa de los pequeños cable operadores y de los trabajadores de esos servicios que con esfuerzo se brindan a diario en todos los pueblos y ciudades de nuestra provincia es que no estamos de acuerdo con el proyecto de la denominada Ley Corta de Telecomunicaciones y una vez más llamamos a que el Estado Nacional regule para todos y no para los sectores de mayor peso o poder en las telecomunicaciones”, expuso Oscar Trucco, Subsecretario de Telecomunicaciones de Santa Cruz.
En tanto el secretario de Telecomunicaciones de Entre Ríos, Carlos Bilbao, solicitó modificar el proyecto de ley, en el sentido de “proteger” a las 52 empresas cableoperadoras que funcionan en su provincia. “Nos genera incertidumbre las asimetrías que produce la ley que vino del Senado”, advirtió. “El proyecto no contempla al usuario y a los contenidos regionales y puede promover la concentración del mercado”.
La iniciativa, que recibió modificaciones en su tratamiento en comisiones, permitirá que las compañías telefónicas puedan insertarse en el mercado del cuádruple play.
Cuando la norma obtuvo sanción en la cámara alta, el senador nacional Federico Pinedo (Pro) defendió el proyecto remarcando que el mismo tiene “dos objetivos importantes: es antimonopólico y viene a contribuir a la satisfacción de una necesidad social extremadamente urgente como es la posibilidad de tener conectividad en todos los rincones de la Argentina”.
En tanto desde el ENACOM, organismo que impulsó la iniciativa, sostienen que “La Ley de Comunicaciones Convergentes buscará ampliar el derecho a una comunicación de calidad y variedad para todos los argentinos. Será una Ley que favorezca la convergencia en desmedro de la fragmentación informativa y la interdependencia en perjuicio del aislamiento. Buscará unir, reunir y generar convergencia sin afectar en nada la pluralidad de voces ya que propende, por el contrario, a promover un protagonismo equitativo por parte de todas ellas. Será una Ley que responde a la necesidad de ampliar el derecho a una mejor comunicación entre los argentinos y de los argentinos con el mundo”.
Sin embargo, especialmente para los gremio, la norma es “peligrosa y amenaza” fuentes de trabajo.
