Ayer, su madre Ada Morales, recordó el último minuto que ella estuvo con su hija, María Soledad. “Me dijo chau mami y nunca más la volví a ver, me la mataron”, dijo y agregó. “Hoy veo caminar por las calles de la ciudad a los asesinos de Soledad y no encuentro resignación, no encuentro explicación para tanta impunidad”.
María Soledad Morales (Valle Viejo, 12 de septiembre de 1972 – San Fernando del Valle de Catamarca, 8 de septiembre de 1990) fue una joven estudiante argentina asesinada en la capital catamarqueña, por dos «hijos del poder», lo que devino en una crisis política de repercusión nacional.
El intento de las autoridades de Catamarca por encubrir el asesinato desencadenó históricas movilizaciones populares que contaron con el apoyo de amplios sectores en todo el país, tras lo cual se logró el esclarecimiento del homicidio, se puso de manifiesto las condiciones semifeudales de ejercicio del poder en muchas provincias argentinas, y produjo un considerable cambio político en Catamarca.
Aquellas «marchas del silencio» se popularizaron como método de lucha popular en muchísimos otros lugares del país en los que se reclama contra la impunidad, si bien no fueron un invento del momento sino una reactualización de un método de lucha que ya había sido practicado en los años setenta.
El caso María Soledad
En la noche del viernes 7 de septiembre de 1990, María Soledad Morales asistió a la discoteca Le Feu Rouge, en donde se organizaba una fiesta con el fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su curso en el Colegio del Carmen y San José. En la madrugada del 8 de septiembre, Luis Tula, un individuo maduro que -según relatos de compañeros-, era su novio, la recogió en el boliche donde se celebraba la fiesta de su promoción de bachilleres y la invitó al boliche llamado “Clivus”. Allí la presentó con otros individuos hijos de funcionarios políticos y policiales de la provincia entre los que se encontraba Guillermo Luque y de acuerdo con testimonios de empleados del boliche discoteca, salió de allí “obnubilada”, acompañada de varios hombres que la subieron a un vehículo. Nunca más sería vista con vida.
A las 9:30 del lunes 10 de septiembre de 1990, en una zona conocida como Parque Daza (a siete kilómetros de la capital catamarqueña sobre la ruta 38), el cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. Había sido salvajemente violada. La escena del hallazgo fue alterada, manipulada por tres individuos vistos por un colectivero. Más tarde se supo que había muerto de un paro cardíaco por una dosis letal de cocaína que le habían obligado a consumir sus secuestradores violadores y asesinos. Fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas.
Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. El mismo jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Miguel Ángel Ferreyra ―padre de uno de los asesinos―, al hallar el cadáver ordenó que lo lavaran (borrando huellas y señales de modo irrecuperable).
Los primeros rumores del pueblo decían que los responsables serían parientes de funcionarios, a quienes coloquialmente se los llamaba «los hijos del poder». Los medios de comunicación difundían que en el crimen estaban sospechados los jóvenes Guillermo Luque (hijo del diputado nacional Ángel Luque), Pablo y Diego Jalil (sobrinos del intendente José Jalil), y Miguel Ángel Ferreyra (hijo del jefe de Policía provincial).
Se tardó más de dos meses en abrir la investigación judicial, y una vez que la justicia intervino, el favoritismo hacia los posibles involucrados fue evidente.
En esas condiciones, Ángel Luque ―diputado nacional por Catamarca y padre de Guillermo Luque―, declaró que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. El escándalo llevó a la expulsión del diputado del Congreso y a que en 1991 el gobierno nacional, a cargo entonces del presidente Carlos Menem, interviniera primero el poder judicial de la provincia, luego el poder legislativo, y finalmente el poder ejecutivo, destituyendo a Ramón Saadi, continuador de una larga tradición de gobernadores pertenecientes a su familia, y aliado de Menem.
El interventor enviado por Carlos Menem fue Luis Prol.
Prol fue enviado para fortalecer al Frente Esperanza, que era el menemismo, pero le salió el tiro por la culata porque perdieron las elecciones y ganó el Frente Cívico.
El presidente Carlos Menem ordenó la intervención federal a la provincia, y para aclarar los hechos envió al ex subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Luis Patti ―represor en cadena perpetua desde el 14 de abril de 2011 por crímenes de lesa humanidad―, que también demostró falta de voluntad en la resolución del caso, y abierta complicidad con los acusados.
Sólo dos personas fueron condenadas por “violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes”, aunque se estima que participaron más hombres en este horrendo crimen. Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión y Luis Tula a 9 años. Hoy gozan de libertad.
La cobertura mediática
En medio de la investigación, Guillermo Luque dejó de ser visto en la provincia. Su huida fue notoria y motivo de especulaciones periodísticas. El 22 de febrero de 1991, el periodista Alberto Moya lo descubrió en Buenos Aires, adonde había sido llevado por el comisario Luis Patti ―actualmente en cadena perpetua.
El primer periodista de Buenos Aires enviado a Catamarca para cubrir el caso fue Ernesto Tenembaum quien hizo varias notas para el diario Página/12 antes que nadie, lo que le valió un importante ascenso en su carrera.
Días después llegaron periodistas de Canal 9 y la periodista Alejandra Rey, de la revista Somos. El periodista Luis Pazos, del diario Clarín (de Buenos Aires) fue galardonado con el premio ADEPA por su cobertura sobre el tema.
En 1991, Luis Pazos y Alejandra Rey escribieron el libro No llores por mí, Catamarca. Tras la publicación, Alejandra Rey fue despedida de la revista Somos porque había escrito el libro en horario de trabajo y con material perteneciente a la editorial.
Fuente Telam y Wikipedia
