Hay un término o fenómeno psicológico denominado “rumiación del pensamiento”. La psicología advierte que la situación aparece cuando “nuestro foco de atención se queda enganchado en un elemento real o imaginario”. O sea, de manera obsesiva, es levantarse y acostarse todos los días pensando exactamente lo mismo y a veces actuando en consecuencia a ese razonamiento, haciendo lo mismo.
En términos políticos, la oposición provincial parecería padecer esta especie de trastorno. Sus actos demuestran la fijación que tienen respecto al oficialismo provincial: Creen hasta el convencimiento que todo lo hace mal el gobierno y no sólo eso, también se aferran a la idea de que en Terrazas del Portezuelo son todos malos.
Una parte de ese arco opositor hoy lo encarna el macrismo (dirigentes y militantes que reconocen a Mauricio Macri como su conductor) cuya figura central en San Luis es el senador nacional y candidato a diputado nacional, Claudio Poggi.
Lo curioso, en el caso de Poggi, es que la mayoría del espacio que él dirige pasó más tiempo junto a lo que ellos sienten como “malos” que con los que ahora abrazan por “buenos”.
“Poggi no puede hablar de veda electoral. Cuando fue candidato a intendente de Merlo repartió plata junto a todos los funcionarios del gobierno provincial horas antes del acto electoral. Y cuando fue candidato a gobernador, Rodríguez Saá (Alberto) puso todo el gabinete provincial a su servicio. Caminaron la calle y golpearon puertas repartiendo a pedido. En aquella época, capaz Claudio no conocía las disposiciones de la ley electoral”. La reflexión pertenece a un alto funcionario judicial que, en su época, caminó la calle militando por el PJ junto al senador nacional, quien vertió esa opinión anoche tras conocer el fallo de la Justicia Federal de San Luis a instancias del macrismo que le prohibió a la Provincia continuar con la entrega de créditos y ayudas a los sectores más vulnerables.
Fue esa “rumiación del pensamiento político” que llevó al macrismo (Juntos por el Cambio) a formalizar el escrito judicial para detener el avance del programa de reconstrucción lanzado por el gobierno provincial que consiste en créditos accesibles y ayudas extraordinarias para todos los sectores de San Luis, todas medidas acordadas o dispuestas en consonancia con las conclusiones a las que arribó el Consejo Económico y Social.
El tándem de abogados que asesora a Poggi, en ese convencimiento que el otro es “malo” pidió que esos programas se suspendan porque rompen la veda. Lo calificó de dádivas, de clientelismo político y una forma de torcer voluntades.
Doble yerro del macrismo puntano. El primero y más grave, con esa maniobra le dieron un golpe bajo a la gente, que esperaba con entusiasmo y esperanza estos incentivos para poder volverse a poner de pie. La segunda equivocación es tratar de estúpidos a los puntanos y puntanas en el convencimiento que una ayuda económica o crédito los va a hacer cambiar de opinión, como si no tuvieran autodeterminación o libertad de pensamiento.
Por otra parte está la actuación de la Justicia Federal de San Luis con competencia electoral. Allí hay un tufillo a que otra manito ayudó a Poggi y podría ser la de Adolfo Rodríguez Saá. Es que, es algo caprichosa la interpretación del Artículo 64 quater del Código Nacional Electoral, el cual prohíbe “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.
Pues bien, las medidas fueron anunciadas y puestas en marcha con bastante antelación a esta disposición, y su instrumentación funciona casi de manera automática, sin necesidad de actos públicos o cuestiones que sí podrían caer en la violación de ese artículo.
Con el razonamiento del macrismo, no debería generar extrañeza que en los próximos días también presenten un escrito al Juez Maqueda y exijan que los empleados públicos no cobren sus sueldos, porque podría entenderse como un acto proselitista.
Yamila Fernández
