En una actitud que podría calificarse de bochornosa o poco seria, la Cámara de Diputados tiene frenado el proyecto para adherir a la “Ley Micaela”, una norma nacional que obliga a los tres poderes del Estado a capacitarse sobre violencia de género.
En la provincia la adhesión tiene media sanción del Senado desde hace exactamente cinco meses. La cámara alta aprobó por unanimidad la iniciativa girada a la Legislatura por la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos en mayo.
La Ley Nacional N° 27.499 “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que integran los Tres Poderes del Estado”.
La adhesión a la “Ley Micaela”, insta a los tres poderes del Estado provincial, a garantizar, promover y fortalecer los cursos y talleres de capacitación, brindando información, generando concientización y prevención de la violencia contra las mujeres.
Esa norma lleva el nombre de Micaela, en reconocimiento a Micaela García, (víctima de un brutal femicidio), por su lucha militante por los derechos de las mujeres y de los más vulnerables.
El proyecto de ley solicita que se designe a la Secretaría de la Mujer #Ni Una Menos como autoridad de aplicación. También requiere que la guía de orientación para el armado de los programas de capacitación, esté a cargo de esa área gubernamental.
Pese a la importancia de esta herramienta, termina el año legislativo y una pelea política entre bloques o diputados deja esta iniciativa literalmente cajoneada.