Familiares de víctimas de conductores alcoholizados o que huyeron del lugar del hecho, se manifestaron en el Congreso para reclamar a los senadores la sanción definitiva de un proyecto de ley que aumenta las penas y que ya cuenta con el aval de Diputados.
Familiares de personas que murieron tras ser atropelladas por automovilistas alcoholizados o que huyeron del lugar del hecho se manifestaron hoy en el Congreso para reclamarle a los senadores la sanción definitiva de un proyecto de ley que aumenta las penas cuando los siniestros viales reúnen alguna de estas características.
La denominada “Ley Vial” obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en mayo de 2015, pero perderá estado parlamentario en diciembre próximo si no es tratada antes.
“Estamos pidiendo que quien atropella en estado de ebriedad y mata a alguien reciba mayor pena que quien está sobrio; y que si alguien atropella y se escapa del lugar del hecho reciba mayor sanción que quien se queda y se hace cargo”, explicó a Télam Viviam Perrone, referente de la Agrupación Madres del Dolor.
“Hoy, al contrario, el que se escapa sale ganando porque se lleva el auto,y si estaba alcoholizado o drogado nunca nos enteramos”, dijo.
“Estamos pidiendo que el mínimo de la pena (del homicidio culposo) sea de 3 años y medio con estos agravantes; y que el máximo de la pena, que hoy es de 5 años, con estos agravantes sea de 7”, agregó esta activista que perdió a su hijo de 14 años en un hecho de tránsito en 2002.
Los manifestantes acudieron al Congreso con el objetivo adicional de reunirse con el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, el senador Pedro Gustavino, que trate el proyecto.
Finalmente, un grupo de cinco personas fueron recibidas sólo por los asesores del legislador que, según Perrone, “nos dijeron que no hay intención de que salga ese proyecto porque vino muy mal hecho de Diputados y quieren que presentemos otro”, lo que seguiría dilatando la cuestión.
Entre los manifestantes, estuvieron María del Carmen Tolosa y Jorge Pil, quienes viajaron especialmente desde la localidad rionegrina de San Antonio Oeste para participar de la manifestación sosteniendo una pancarta con la foto su hija, Ilsen Aimé, que con sólo 5 años falleció en un hecho de tránsito, en noviembre del año pasado.
“Ella venía de comprar con su hermana cuando, al cruzar la calle, apareció un conductor de contramano y a muy alta velocidad, que la atropelló para después darse a la fuga”, contó Jorge Pil.
Según Pil, el conductor tuvo tiempo de ir a su casa, lavar el auto y “pasar un perro debajo” para confundir a los peritos.
“Queremos que cambie la Ley de Tránsito antes del juicio para que se aplique otra normativa” más severa, dijeron.
A dos mil kilómetros de San Antonio Oeste, en la capital formoseña, vive otra de las familias que se hicieron presentes en el Congreso: la de Antonio Bernal, un hombre de 38 años que vio su vida abruptamente tronchada cuando, el 18 de octubre del año pasado, un hombre que ya había matado en otro siniestro vial, lo atropelló en una esquina de Formosa.
“A mi hermano lo matan el día de la madre y pueden dar con el asesino porque se le cae la patente cuando escapa del lugar del hecho”, contó a Télam Miriam Bernal.
La mujer, dijo que quien embistió con su camión la moto con la que se desplazaba su hermano “tenía 2,78 gramos de alcohol en sangre dos horas y medio después”.
“Queremos que las penas sean más elevadas, porque el hombre está libre y en el 2009, cuando fue el otro accidente, al año y medio fue sobreseído”, dijo.
A su lado estuvo Mónica Beatriz Pueblas, la madre de Leticia Allio, una joven de 29 años que el pasado 29 de mayo fue atropellada en el barrio de Palermo por un automovilista que se dio a la fuga, a pesar de que la víctima quedó tendida con serias lesiones, que le provocarían la muerte 45 días después.
“Ella estaba cruzando la calle por donde corresponde y él venía cortando semáforos, atropelló y no paró: recién a las 15 cuadras lo detuvo un control policial, pero sólo estuvo preso un par de horas”, contó.
Su hermano explicó que el conductor “hizo todo mal” porque tenía “más del doble de alcohol permitido en sangre”, cruzó el semáforo en rojo y circulaba con exceso de velocidad.
“Los 45 días que mi hija estuvo internada yo puse mi energía ahí, pero ahora que la perdí, quiero que se haga justicia, porque esto no puede volver a pasar”, agregó Pueblas.
Otro de los rostros visibles en las remeras, banderas o pancartas de los presentes fue el de Guillermo Miguel Pesova, un joven de 21 años que murió en marzo del año pasado en una esquina de Almagro, víctima de otro “asesino del volante”.
“Al nene me lo mataron cuando volvía de un pub con un amigo, en su moto. De la nada apareció un auto que venía a más de 120 kilómetros por hora, con tres ocupantes que se escaparon y lo dejaron tirado después de atropellarlo”, contó Alicia Lescano, la madre de Guillermo.
El acompañante de la víctima fatal, un joven de 19 años, “se salvó de milagro” pero “tuvo que someterse a 5 operaciones y quedó con secuelas”.
“No puede ser que todos los días mueran chicos accidentados y que los responsables anden vivitos y coleando”, dijo.
Las madres de Lautaro Juárez y Manuel Lastra, los dos adolescentes que fallecieron como consecuencia de la denominada “picada de Haedo”, lideraban el grupo más numeroso de la manifestación.
“Era la primera vez que salían solos: habían ido a un cumpleaños y la parada de colectivo estaba en la misma cuadra, pero como a la salida del boliche los colectiveros no paran, tuvieron que caminar y un auto que corría picadas los embistió: mi hijo murió en el acto y Manuel, 12 días después”, contó María Angélica Huaraz, madre de Lautaro.
Según las mujeres, las pericias demostraron que el conductor iba a 127 kilómetros por hora, e inicialmente “fue preso por dolo eventual”, pero ahora espera el juicio “con prisión domiciliaria”.
Las Agrupación Madres del Dolor también ha iniciado un petitorio en Change.org que, bajo el lema “Asesinos al volante: penas más altas, basta de impunidad”, ya ha reunido casi 40 mil firmas.
