Las organizaciones sociales Puntanos de Pie (PdP), Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Octubres-CTEP de San Luis denunciaron este domingo la quema de una casa en el barrio La República, en la zona oeste de esta capital, donde funciona un comedor comunitario que provee de alimentos a familias carenciadas.
El abogado Héctor Zabala dijo a Télam que «la vivienda de Antonella Heredia, en el barrio La República», fue quemada en un fin de semana «en el que se desató una batalla campal, provocada por un grupo de vecinos del lugar, que atacaron la casa de la referente barrial».
«Las provocaciones subieron de tono cuando un miembro del grupo ingresó en la vivienda armado y golpeó en la cabeza, con la culata de un revólver, a un miembro de la familia que permanece internado en el Hospital de San Luis, tras haber perdido el conocimiento», dijo.
Luego de una tarde de «amenazas verbales, ataques con piedras y tiroteos, la vivienda de Antonella fue incendiada intencionalmente por el mismo grupo de aproximadamente 10 personas» quienes ya habían sido denunciadas ante la Comisaría 4° de esta capital.
«Entendemos que es en represalia por la denuncia radicada contra los violentos» que amenazan y atacan a estas familias «con el fin de sacarlas de sus precarias viviendas y quedarse con sus lotes y bienes», aclaró el letrado.
«Pedimos una consigna policial y nos respondieron que no tienen personal para hacerlo» explicó, y agregó que «existe un desinterés por detener estos ataques y por lo que pasa en el barrio» ya que se trata de personas que están individualizadas en la denuncia, que delinquen en la zona, venden drogas y sus domicilios han sido aportados a la Policía».
Sin embargo, «continúan con su accionar delictivo con toda impunidad», y la familia atacada «debió dejar su vivienda por miedo y quizás ya no pueda regresar a buscar sus pertenecías ni habitar nuevamente el lugar», añadió.
El Barrio La República está en una zona del oeste de la ciudad de San Luis donde residen unas 7 mil familias, la mayoría habitantes de ranchos de nylon y maderas que ocupan lotes de lo que fue un asentamiento ilegal, donde no hay servicios esenciales.
Zabala afirmó que «los hechos han puesto en peligro la vida de nuestros militantes» y por ello pedirán una entrevista con el ministro de Seguridad de la Provincia, Fabián Filomena.
«Aún no se ha tomado ninguna medida judicial ni acción policial para proteger a los vecinos amenazados y poner freno en forma definitiva a este accionar mafioso», aclaró
Las organizaciones desarrollan tareas solidarias como comedores, merenderos, roperitos, huertas cooperativas, panaderías solidarias y bloqueras, mediante donaciones y aportes del Estado nacional para enfrentar la emergencia sanitaria y la falta de trabajo formal.
Un comunicado leído por la comisión organizadora hizo un paralelismo entre el aislamiento preventivo por la COVID-19 y la discriminación: “Celebramos nuestro orgullo en una sociedad que muchas veces se comporta de manera cruel frente a nuestras identidades, nosotros sabemos del aislamiento. El coronavirus vino a confirmar que solamente nosotros desde nuestra capacidad de amar podemos sostenernos cuando todo parece caerse”.