Desde Terrazas del Portezuelo aseguraron que el gobernador Alberto Rodríguez Saá quiere “celeridad en los pagos” y por eso pidió al Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, a través del Programa Control de Certificación, Seguimiento y Sistematización, establecer una nueva modalidad en los pagos a las empresas constructoras que realizan obras para el Estado.
“En ese marco se resolvió pagar los certificados de obra a menos de 30 días de la presentación y aprobación, revirtiendo la situación conocida sobre el estado de las empresas y dando respuesta a las deudas contraídas durante la gestión anterior respecto al atraso en el pago de los certificados”, señalaron.
“Con la modalidad de pago anterior, que se realizaban a 90 y hasta más días, muchas empresas constructoras de San Luis se veían obligadas a financiarse en el sector privado”, explicó el jefe del Programa Control de Certificación, Seguimiento y Sistematización. Emilio Groezinger.
“Debían hacer frente a los gastos de materiales, maquinarias y mano de obra, y empujados por el atraso en los pagos de los certificados se veían sumergidos en una situación complicada, lo que repercutía además en una demora en las entregas de las obras”, añadió Groezinger.
A partir de febrero, los certificados comenzaron a pagarse a menos de 30 días de su presentación y aprobación, acortando a menos de la mitad el plazo que estipula la Ley de Obras Públicas de la provincia de San Luis. El móvil es que todas las empresas constructoras puntanas puedan disminuir notablemente los costos financieros a los que se ven sometidos al iniciar una obra.