El Gobierno puntano pidió la nulidad de la resolución judicial que frenó el programa de reconstrucción económica

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El fiscal de Estado de la Provincia, Eduardo Allende, acompañado de los doctores Roald Bartolomé Cattaneo y Andrés Heredia, anunció que pidieron la nulidad de la resolución judicial que puso un freno a los programas crediticios y ayudas económicas lanzadas por el Gobierno en el marco de un plan que denominó de reconstrucción. “Plateamos la nulidad de todo lo actuado en este proceso, y también recusamos a quien hoy ‘ejerce’ la fiscalía del Juzgado Federal de San Luis”, dijo el abogado que representa para todas las gestiones y causas judiciales al Poder Ejecutivo.

Allende formuló el adelanto esta mañana durante una conferencia de prensa que brindó en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.

El fiscal de Estado aclaró, que si bien ya era de público conocimiento, el viernes pasado alrededor de las 15:00, el Ejecutivo provincial fue notificado de una resolución del Juzgado Federal de San Luis, por el cual se ordenó como medida cautelar que se impidiera a partir de ese momento suscribir contratos de mutuo en lo que hace a la línea de microcréditos, otorgar el Plan de Asistencia al Desempleado, que contempla un subsidio de $20.000 por tres meses para grupos familiares, o la ayuda extraordinaria a empleados en relación de dependencia cuyos sueldos no alcanzan a los $70.000, entre otros.

“Hace escasos minutos acabamos de presentar ante el Juzgado Federal dos escritos muy importantes que hacen al fondo de esta cuestión, y se los voy a comentar por separado porque realmente cada uno de ellos tiene una especial entidad”, remarcó Allende, al inicio de la conferencia.

Con respecto a la primera presentación, “hemos planteado la nulidad de todo lo que se ha actuado en este proceso y también recusamos al doctor Cristian Rachid quien hoy ‘ejerce’ la Fiscalía Federal del Juzgado Federal de San Luis, planteamos esto porque es una garantía que tenemos todos los justiciables, de que los funcionarios judiciales a quienes nos sometemos estén designados conforme a la Constitución y a la Ley, es una garantía para que el día de mañana no pueda ir cualquier persona a intentar juzgarnos o poner en dudas nuestras conductas, y esa persona no tiene las habilidades que la Constitución y la Ley requieren”, dijo Allende.

En este sentido, señaló “en tanto que el doctor Cristian Rachid, cuyo cargo es secretario de la Fiscalía, intenta firmar como titular de la Fiscalía del Juzgado Federal de San Luis, hicimos todo un análisis muy minucioso y detallado de la situación en la cual el doctor Rachid desempeña esta función, y hemos planteado a partir de allí la legalidad del cargo”.

Este análisis, fue efectuado “porque la única forma de designar a un fiscal subrogante es que la Fiscalía esté vacante, y la Fiscalía Federal de San Luis no está vacante, la titular es la doctora Mónica Spagnuolo a quien en su momento se le encargó también la atención de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal de San Luis, pero lo que se hace habitualmente en estos casos es decir al fiscal titular, nombrado con todos los requisitos de ley, que desempeñe los dos cargos, acá en este caso por un antojo totalmente infundado e ilegal del Ministerio Público de la Nación, la doctora Spagnuolo ha sido encargada de atender únicamente lo que es la Fiscalía de la Cámara o del Tribunal Oral Federal, y el doctor Rachid que simplemente es un secretario, sin que estén dadas las condiciones para su designación, se lo ha puesto por una simple resolución a cargo de la Fiscalía. Esto es absolutamente ilegal y es una situación ilegal que se repite hace ocho años”, agregó.

El fiscal de Estado, señaló que fueron analizadas todas las sucesivas resoluciones por las cuales a Rachid “se lo ha ido haciendo permanecer en este cargo, las resoluciones son siempre más o menos iguales, y esbozan con fundamento, por ejemplo que él cumple con los requisitos para ser una suerte de conjuez o de confiscal, esto pasa cuando no hay nadie habilitado para cumplir un cargo, se toma de la lista de abogados del lugar que pudieran estar en esas condiciones y se hace una lista. Bueno, se imaginan que en la situación que está Rachid estamos la mitad de los abogados de San Luis, pero siempre esta suerte le cae a Rachid. Es absolutamente ilegal e inconstitucional lo que se está haciendo desde hace ocho años en la provincia de San Luis. Además, una y mil veces vamos a ratificar que la Fiscalía Federal del Juzgado de Primera Instancia San Luis no está vacante, que es la única causal que la ley da para nombrar un subrogante, que en este caso sería Rachid. Es decir, no se cumple absolutamente ninguna condición”.

Por otro lado, Allende afirmó que también se ha esbozado en esas fundamentaciones, que el doctor Rachid ha rendido para integrar la terna de designación de la Fiscalía Federal, “pero la verdad que en ese examen que el dio quedó en sexto lugar, la terna en la que el presidente designa un funcionario como bien lo dice la palabra son de tres, entonces él no habría quedado nunca en la terna. Después ha tenido la suerte que los que estaban con mejor clasificación que él, fueron designados en otros cargos y funciones, entonces fue ascendiendo, pero lo cierto es que no tiene ninguna designación oficial y mantiene esta irregularidad en la función, sostenida por el Ministerio Público Fiscal de la Nación desde hace muchos años”.

“Nosotros no estamos dispuestos a convalidar esta situación de ilegalidad absoluta, por eso es que planteamos la nulidad de todo lo actuado por este funcionario, a quien no reconocemos porque no es el Fiscal Federal de San Luis”, aseveró Allende.

El letrado explicó que en el mismo escrito presentado este lunes “hemos recusado sin causa al doctor Rachid a raíz de una publicación periodística donde este medio tituló ‘Polémica en puerta: el fiscal Federal Rachid le da clases o capacita a los concejales macristas de San Luis’. Acá está acreditado que el fiscal o quien quiere ejercer el cargo de fiscal en San Luis tiene relación estrecha con este sector político de la provincia, con lo cual en la situación que estamos concretamente en este caso para resolver, él tendría un interés directo, lo cual no nos da ninguna certeza de las mínimas garantías que la Constitución ofrece a cualquier ciudadano y mucho más en este caso cuando lo que está en juego es la provincia de San Luis”.

En segundo término, fue planteado el Recurso de Reposición con Apelación en Subsidio de esta cautelar notificada el 22 de octubre, “esto es pedirle al juez que revea lo que hizo en una primera instancia, sí el ratifica lo que nos notificó el viernes va a tener que conceder la apelación y esto se irá a resolver en la Cámara Electoral Nacional en Buenos Aires”.

El primer punto de esta reposición pide el cambio de carátula porque esta causa fue caratulada con la sigla FMZ, que son las causas en las que intervendrá como Cámara de Apelación Mendoza “y en realidad aquí lo que se está debatiendo es una cuestión meramente electoral, con lo cual esa sigla debería ser CNE, que es la abreviatura de Cámara Nacional Electoral, porque la apelación la va a tener que resolver sí o sí la Cámara Nacional Electoral en Buenos Aires”, indicó Allende.

Luego, de este primer planteamiento de forma, se plantearon los antecedentes que llevaron al Congreso de San Luis a dictar todas estas medidas de recuperación socioeconómica de la provincia, “esto tiene su raigambre en el discurso que el gobernador dio en la apertura de sesiones el 1° de abril donde él expresamente dijo que en cuanto comenzaran a reducirse los casos de COVID, se iba a instaurar un Plan de Recuperación Socioeconómica por la gran afectación que sufrimos en todo el mundo, en el país y particularmente en San Luis que es lo que a nosotros nos interesa, destaco que fue expuesto hace varios meses atrás porque se achaca al Estado provincial que esto es una medida electoralista o de oportunidad para la elección, no, esto es una medida que fue planteada por el gobernador el 1° de abril de 2021”, aseveró el fiscal.

Hacia el final, Allende recordó que hace poco se reunió el Consejo Económico Social, donde están representados todos los sectores productivos, sociales, trabajadores, empresarios, comerciantes y del que participaron legisladores, ministros y el gobernador, “pidieron y avalaron expresamente que se instauraran todas estas medidas que no hacen más que, frente a la grave crisis que está atravesando la provincia, dar una ayuda a todos los sectores. Esto no va dirigido nadie en particular es para toda la economía y toda la sociedad de San Luis”.

Fuente Agencia de Noticias

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