A casi cuatro años del asesinato de Romina Aguilar, finalmente este martes comienza el juicio oral que tendrá en el banquillo de los acusados a los tres detenidos: Diego Lorenzetti, esposo de la víctima; Oliveira Pereira y a Cristian Leandro Vílchez.
La audiencia comenzará a las 9:30 en la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y Correccional Nº 1 de la ciudad de San Luis. Será un juicio largo porque se espera la declaración de unos 159 testigos.
Según la requisitoria fiscal, Lorenzetti -que al momento del hecho era el intendente de La Calera y pareja de la víctima-, llega al debate acusado de ser el autor intelectual del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por mediar promesa remuneratoria y por el uso del arma de fuego”.
Mientras que Pereira y Vílchez están acusados de ser coautores materialmente responsables del delito de “homicidio doblemente calificado por mediar promesa remuneratoria y uso de arma de fuego”.
La fiscalía no encuadró el caso como un “femicidio” en los términos del artículo 80 inciso 11 del Código Penal. La calificación para buscar una condena a reclusión perpetua, en el caso de Lorenzetti fue por el vínculo de pareja con Romina, por haber pagado para que la maten y el uso de arma de fuego. Para los otros dos: porque supuestamente cobraron cometer el crimen y usaron un arma.
Es un caso un costado político porque Lorenzetti era intendente cuando ocurrió el hecho y éste en su intento de defensa apuntó o culpó al dirigente Justicialista de La Calera, Alberto Leyes.
El fallecido abogado defensor de Lorenzetti, el prestigioso penalista Carlos Salomón, si bien no abonó, dejó en el expediente numerosos pedidos de nulidad del proceso contra su defendido porque había vicios insalvables en la instrucción policial.
El tribunal que juzgará la muerte de Aguilar lo integran Silvia Inés Aizpeolea, José Luis Flores y Jorge Sabaini Zapata. Mientras que como Fiscal de Cámara actuará Carolina Monte Riso y como secretaria, Isabel del Carmen Olguín Yurchag.
En tanto, la defensa de Lorenzetti estará representada por Marcos Juárez y Natalia Sarmiento; la de Vílchez por Jorge Sosa y la de Pereira por Olga Allende e Iván Coria.
A fines de noviembre de 2018, en la Sala de Juicios Orales Nº 1, se realizó una audiencia preliminar bajo el Procedimiento Alternativo Consensuado (PAC), donde el tribunal citó a las partes para que hagan sus ofrecimientos de prueba, con los objetivos de acortar los plazos y acelerar los tiempos procesales.
Bajo esta metodología, la Fiscal Monte Riso ofreció la prueba testimonial y material -poco más de 300 DVD´s, informes de correos electrónicos y mensajes de celulares que fueron intervenidos para la investigación-, y pidió que se realice una pericia psiquiátrica y psicológica para los tres acusados, como así también se envíe un oficio a los juzgados de instrucción por una denuncia de amenazas de muerte hacia la esposa de uno de los imputados.
Las defensas, a su turno, también propusieron los medios de prueba al Tribunal que consideraron pertinentes sobre los hechos alegados. El primero en hacerlo fue Juárez, abogado de Lorenzetti.
El letrado solicitó, entre otros pedidos, que se distribuyan a las partes las copias de las imágenes que captaron los 12 domos de seguridad el 30 de enero de 2016, entre las doce de la noche y siete de la mañana, en el Barrio Faecap, donde Aguilar recibió dos disparos cuando salía de su vivienda a las 6:30 horas para viajar a La Calera.
Luego tomó la palabra Jorge Sosa, abogado de Vílchez, quién adhirió a la solicitud de su colega e hizo sus aportes. Olga Allende, defensa de Pereira, se negó a que su defendido se sometiera a una rueda de reconocimiento por el tiempo transcurrido y la difusión de fotografías que se han realizado desde distintos espacios una vez que se conoció la identidad del detenido.
Fuente con datos de Prensa Poder Judicial