El senador nacional por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, propuso que se declare la “Emergencia del Sistema de Protección a las mujeres” en el contexto de la pandemia del COVID-19 que entre otras medidas incluye la excepción de “circular” durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que facilite denuncias penales” de las victimas ante diferentes hechos de violencia.

La iniciativa busca “otorgar un subsidio equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, mensual, a toda mujer que no cuente con un ingreso proveniente de trabajo con relación de dependencia y/o autónoma, ni recibiere asistencia económica de su familia, persona o institución”.

Según señalaron desde prensa del legislador, el proyecto atiende el reclamo de distintos sectores en un momento que en los 30 días que comenzó la cuarentena la estadística marca que se registraron “25 casos de víctimas” en distintas situaciones.

Respecto a el pedido de excepción de circulación incluido en una cláusula transitoria contempla a las situaciones por las cuales “las mujeres o personas LGTTBI solas o junto a sus hijos e hijas salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales” por “hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia que se encuentren transitando”.

Además el legislador en su compromiso contra la violencia, propone “incorporar la perspectiva de género en el registro estadístico Nacional de Seguridad, desarrollo social, trabajo, producción, hábitat, población”.

Dentro de otras medidas se reclama la “aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y agresores que incumplen medidas judiciales”, como así también la “implementación Federal inmediata de Hogares y Refugios”.

Dichos lugares deben contar “con dispositivos de alojamiento, recuperación y atención a las víctimas de violencia doméstica y/o sexual, trata de personas, niñas y adolescentes embarazadas”.

Para cumplimentar todas esas acciones se establece que se deben disponer “aportes a las provincias para crear y fortalecer Áreas de Políticas de género”, que incluya a Organizaciones de la Sociedad Civil como sindicatos, vecinales, clubes y espacios culturales.

Dentro de las urgencias se incluye “la implementación de la Ley Micaela de formación obligatoria con perspectiva de género para efectores judiciales, de salud, educación y seguridad”.

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