Que la acción penal no se extinga para el femicida que se suicida

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¿La ley cambia la humanidad o la humanidad cambia la ley? Hay normas que no son pétreas o no deberían serlo y por tanto la respuesta es obvia: es la humanidad quien transforma sus normas con espíritu de transformación. No hacerlo implicaría quedarse parapetados, estancados, atados a dogmas que no dejan evolucionar a la sociedad.

En base a ese criterio, bien podría pensarse en una reforma de los códigos penal de forma y fondo y se diseñe una suerte de excepción a la regla para que la acción o juicio contra un femicida que se suicida no se extinga.

En Argentina estamos siendo azotados por un drama que crece: el asesinato de mujeres.

Gracias a la reforma que el Congreso introdujo el 14 de noviembre de 2012 al Código Penal, matar a una mujer se convirtió en un tipo agravado de homicidio, especial impropio, cualificado por el género del autor, cuya perfección típica exige la concurrencia de las siguientes condiciones según recuerda el prestigioso penalista, Jorge Eduardo Boumpadre:

a) Que el autor del homicidio sea un hombre.

b) Que la víctima sea una mujer.

c) Que el agresor haya matado a la víctima “por ser mujer” (pertenencia al género femenino), y

d) Que el asesinato se haya perpetrado en un contexto de violencia de género, entiendo este concepto que el único sujeto pasivo de este delito es la mujer.

Ahora bien. Se están dando de manera reiterada (particularmente en San Luis) femicidios donde el femicida tras el crimen se quita la vida, se suicida. Y el drama queda bajo tierra con la víctima y el victimario.

Para recordar los casos más recientes dentro de la geografía puntana:

  • El 22 de marzo de 2017, Lucas Gómez, violó y asesinó a su hijastra Florencia Di Marco de tan sólo 12 años.  Gómez se suicidó en el Penal de Pampa de las Salinas a dos meses de haber sido detenido.
  • En enero de 2018 Cristian Aballay mató a golpes y estranguló a ex pareja Paola Heredia. A los pocos minutos, Aballay se pegó un tiro, se mató.
  • El 27 de octubre de 2019 José Jofré mató a su pareja Elsa Barroso con golpes en la cabeza y después se suicidó de un disparo en la cabeza.
  • El 15 de noviembre Miguel Ángel Paz, asesinó de un disparo a su pareja Tamara Gómez, de 20 años en la localidad de Unión. Paz tras el crimen se pegó un tiro en la sien.

Es un principio del derecho natural y positivo: Un muerto no puede ser juzgado, los muertos no son objeto de judicialización. La legislación, doctrina y jurisprudencia argentina lo han recogido así y rige como norma stricto sensu.

Pasando en limpio. Si un imputado muere por el motivo o circunstancia que fuere en pleno proceso o causa, la acción penal dirigida en su contra se extingue y se dicta el sobreseimiento sobre ese acusado. En criollo, “muerto el perro, acabada la rabia”.

El Código Penal Argentino en su artículo 59 del Título x  establece que “La acción penal se extinguirá : 1) Por la muerte del imputado.

A esa norma debería crearse una excepción especial  para los casos de femicidios.

Para los jueces que consultó Punto Aparte la idea no es descabellada porque “podría haber un pronunciamiento de la justicia, que no obstante la extinción de la acción por la muerte del imputado, le permita a la familia probar la verdad del hecho y alcanzar una condena ficta por la extinción de la acción. Algo que ayude a no olvidar”, dijo un prestigioso magistrado.

El mismo letrado puso un ejemplo: “En los casos de abusos muy viejos ya prescriptos, en algunos se da la posibilidad a la víctima de probar la verdad de los hechos, pero no así de condenar. En el caso de un homicidio podría crearse una suerte de condena histórica aunque la persona esté muerta”.

“Así a la familia y a la sociedad, aún suicidado no dejara de ser nunca un femicida”, señaló.

“Y si no se pudiera arribar a una condena además de la social, crear un registro público para esos casos. Que todos sepan quien fue”, evaluó el juez.

En síntesis, el rótulo de “femicida” no quedará sólo en las letras de molde de los medios periodístico entre los antecedentes  judiciales, con sentencia, lo cual permitiría crear un registro inapelable con nombre y apellido de los asesinos de mujeres y niñas.

Yamila Fernández

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