San Luis está adherido al protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE)

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Desde octubre de 2018 la Provincia de San Luis está adherida al protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE). Fue a partir de una batería de decretos que firmó el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá.

Ahora la Provincia deberá actualizar esos procedimientos tal como lo indica el nuevo decreto del Ministerio de Salud de la Nación, que entró en vigencia este viernes.

Las provincias que suscribieron o cuentan con protocolos para aplicar la interrupción legal del embarazo (ILE) son Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Luis.

En tierra puntana Rodríguez Saá firmó los siguientes decretos de adhesión en octubre de 2018:

DECRETO 5142 Adhesión al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”: emanado del Programa Salud sexual y procreación responsable del Ministerio de Salud de la Nación en abril 2015.

Con la finalidad de implementar y hacer operativos, los protocolos hospitalarios para la concreta y real atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual, removiendo las barreras que limitan el acceso a los servicios médicos, fueren fácticas o administrativas.

DECRETO 5143 Adhesión al Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales:

Este protocolo fue aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación mediante Resolución N° 1915 del año 2011, con la finalidad de que efectores sanitarios deben propender al objetivo prioritario de la atención médica y psicosocial de las víctimas, con respeto de su autonomía, y garantía de su privacidad y confidencialidad.-

DECRETO 5144 Adhesión a la Ley N° 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral:

La adhesión a la Ley Nacional persigue la finalidad de implementar la obligatoriedad de la educación sexual integral en todos los niveles y modalidades educativas, abordando, sin excepción, los cinco ejes conceptuales: Cuidar el cuerpo y la salud. Valorar la afectividad. Garantizar la equidad de género. Respetar la diversidad. Ejercer nuestros derechos.

DECRETO 5145 Reglamentación del Art.34 de la Ley Provincial N° XIV – 0361 – 2004 Ley de Salud Humana. Ejercicio de las Profesiones y Actividades

A los efectos de reformular y jerarquizar el rol de profesionales de la obstetricia, garantizando acceso oportuno y asequible a servicios e información de salud sexual y reproductiva de buena calidad, propiciando un marco que avale la toma de decisiones plenamente informadas, en respeto de la dignidad, la autonomía, la privacidad y la confidencialidad.

DECRETO 5146 Conformación Mesa de Enlace y Articulación:

Crear una Mesa de Enlace y Articulación tendiente a la planificación, ejecución, evaluación y monitoreo de Políticas Públicas con perspectiva de género para garantizar la implementación de la Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral en todos los niveles del sistema educativo provincial, el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” y el “Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales”, aprobado por Resolución N° 1915/2011 del Ministerio de Salud de la Nación, a los que la Provincia de San Luis está adherida, priorizando la promoción de derechos humanos, la salud integral de las mujeres, el parto humanizado y el respeto a la interculturalidad del mismo.

De qué trata de la actualización del ILE:

Según dijo González García ayer, en su primera conferencia de prensa, se trata de un protocolo muy similar al derogado en la era Macri. Que no modifica ninguna ley vigente. Una guía de procedimientos como las que existen en otras prácticas de la medicina para que los profesionales de la salud sepan cómo proceder. Una fuente indispensable de consulta para que los médicos no tengan dudas de que están haciendo lo correcto.

El texto derogado, entre otras cuestiones, reafirmaba que los equipos de salud deben garantizar el aborto no punible sin intromisión de la justicia; que la interrupción legal del embarazo debe ser garantizada en todo el país y que debía respetarse el criterio de “autonomía progresiva”, garantizando el acceso a la práctica a niñas y adolescentes que la soliciten. Sobre los mismos ítems se explaya el protocolo que puso en marcha en González García.

Objetores de conciencia

Quizá, deslizó Ginés, esta nueva guía “es un poco más flexible” respecto de los objetores de conciencia. Sobre este punto, el texto actual dice: “Un profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente”.

“No podrá ejercerse la objeción de conciencia si no existiera un/a profesional disponible para la realizar la práctica de forma oportuna, tal y como lo establecen las leyes de derechos del pacientes y de ejercicio de la medicina (Ley 26.529, artículo 2.a; Ley 17.132, artículo 19.2). Tampoco podrá ejercerse objeción en los casos de emergencia, cuando la práctica deba realizarse de forma urgente, pues pondría en riesgo la vida o salud de la paciente”, cita la guía actual, en coincidencia con la de Rubinstein.

A modo de resumen, en la página 26 del texto actual, puede leerse: “La objeción de conciencia es individual. Los servicios de salud deben garantizar las prácticas de ILE. La negativa por parte del profesional no cancela la obligación de informar de manera clara, suficiente y oportuna el derecho a acceder a una ILE, de respetar, proteger y garantizar la autonomía de la paciente”.

También, que dicha negativa debe manifestarse de manera explícita y con anticipación. Que puede ser invocada respecto a la realización de la práctica concreta del aborto pero no para las acciones necesarias que garanticen la atención integral, sean previas o posteriores al aborto.

Además, se especifica un plazo máximo entre la solicitud de la práctica de la ILE y su realización, que no puede superar los diez días.

Qué circunstancias habilitan la ILE

“Las causales que habilitan a solicitar una ILE son: que el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la persona gestante, o que haya sido producto de una violación”, determina la guía, y se adhiere a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que determina que la salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2006).

Y agrega: “La causal salud puede definirse por el riesgo de afectación al bienestar físico, mental o social y entenderse que la interrupción del embarazo basada en esta causal es legalmente factible cuando cualquiera de estas dimensiones de la salud está en riesgo. Es decir, que se debe concebir la salud desde una perspectiva integral”.

Niñas menores de 15 años

Una mención especial hace la nueva guía en relación a la situación de las niñas y adolescentes de 15 años o menos, para quienes un embarazo, asegura el texto, implica en sí mismo un riesgo aumentado para su salud tanto física como mental.

“Los riesgos biomédicos relacionados con el embarazo y el parto son mayores en las niñas y adolescentes más jóvenes que tienen peores resultados maternos y neonatales comparadas con mujeres de mayor edad (muerte materna, infecciones, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematuro y mortalidad neonatal)” (PNSIA, 2017). Como señala el Fondo de Población de Naciones Unidas, el riesgo de muerte materna en menores de 15 años en países de ingresos bajos y medios es dos veces mayor al de las mujeres mayores (UNFPA, 2013)”.

Además, en el protocolo se constata con diversas fuentes que las niñas y adolescentes de 15 años o menos tienen una probabilidad cuatro veces mayor de mortalidad materna al comparar con el grupo etario de 20 a 24 años. También, una probabilidad cuatro veces mayor de endometritis puerperal, 60% más probabilidad de eclampsia y de hemorragia posparto. “Por lo tanto, en las situaciones de embarazo en menores de 15 años debe considerarse siempre la posibilidad de acceso a ILE por riesgo para la salud o la vida”, concluye.

En los casos de violación, el nuevo protocolo establece que nunca es exigible la denuncia policial o judicial para acceder a una ILE, basta con una declaración jurada de que el embarazo es producto de una violación. En el caso de las niñas (menores de 13 años) la declaración jurada no es necesaria, ya que “toda relación sexual con una niña (menor de 13 años) es una violación”, cita la guía.

Decisión autónoma

Sin autorización de los padres, “entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida”, dice el texto. De todas maneras, advierte, se recomienda fomentar que las adolescentes cuenten con la compañía y el apoyo de una persona de su confianza durante el proceso.

“La posibilidad de que las adolescentes mayores de 13 años no tengan que ir acompañadas de sus padres es clave. Como también es algo que está avalado por el Código Civil y Comercial. Pero, fundamentalmente, creo que es un pressing al objetor de conciencia. No hay problema que ejerza ese derecho, pero tiene que haber un plan B inmediato. Su derecho como objetor no puede ser superior a derecho de la mujer -opina Sebastiani-. Lo mismo que sucede con la objeción de conciencia de un urólogo católico. Está bien que no quiera hacerme la vasectomía, pero el Estado está obligado a velar por esa práctica y que se cumpla mi derecho”, compara el especialista.

“Si bien la compañía no puede ser nunca un requisito para el acceso a la práctica, es importante que el equipo de salud indague sobre la red social de la adolescente y procure que esté contenida durante y después del proceso. Igualmente que con las personas adultas, es esencial que los equipos de salud garanticen claramente la confidencialidad, asegurándoles a las adolescentes que no compartirán la información de la consulta con nadie”.

Para los casos de las niñas menores de 13 años, podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales o personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado. Sin embargo, si existiera una negativa de progenitores, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña, el protocolo indica que podrá ser acompañada para brindar su consentimiento por otro/a referente afectivo.

“Si no existiera esta posibilidad, el conflicto debe resolverse desde el equipo de salud teniendo en cuenta el interés superior de la niña, la regla de no sustitución del consentimiento, y la aptitud de la niña para decidir en base al desarrollo de su autonomía progresiva”. También, se detalla: “El equipo de salud podrá solicitar apoyo de algún organismo encargado de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, si considera de buena fe que esto garantiza sus derechos”.

Fuente Ministerio de  Salud de la Nación, Télam, Infobae y La Nación

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