El Congreso brasileño demoró sólo unas horas para responder a gran parte de las demandas de las protestas que estremecen las calles del país e hicieron temblar al gobierno de Dilma Rousseff. En las redes sociales, la satisfacción de los jóvenes «indignados» se ilustraba con una frase: «Sólo falta que suspendan el Mundial».
Transporte de calidad y más barato, presupuestos para la salud y la educación, el rechazo a una propuesta que impedía a la Fiscalía investigar la corrupción, así como el gasto público en el Mundial de fútbol de 2014 están en la agenda de las protestas que sacuden a Brasil desde hace dos semanas. A casi todo esto, el Congreso le dio alguna respuesta en unas pocas horas ayer.
La Cámara de Diputados, sumergida en un inesperado frenesí de votaciones, rechazó el proyecto conocido como PEC 37, que excluía a la Fiscalía de las investigaciones de corruptelas, y además destinó la totalidad de las regalías por ingresos petroleros para el gobierno federal, estados y municipios a la educación y la salud.
La PEC 37, que hasta hace quince días nadie dudaba que sería aprobada, fue rechazada con 430 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones, ante al aplauso de una multitud de miembros del Ministerio Público que colmaron las galerías de la cámara y entonaron el himno nacional.
Además, se aprobó la iniciativa para que el 75% de las regalías generadas por el petróleo se destine a la educación y 25% a la salud, luego de que los manifestantes reclamaron mayores inversiones en esos servicios.
La aprobación «inmediata» del proyecto -que ahora pasa al Senado- fue pedida por la presidenta Dilma Rousseff el lunes pasado, cuando se reunió con todos los gobernadores y alcaldes de las capitales provinciales del país, en el marco de un «pacto nacional» propuesto por la Presidencia para atender las demandas de los manifestantes que realizan protestas desde hace más de dos semanas en todo el país.
La destinación del 25 por ciento para Salud surgieron a partir de una alteración que los diputados realizaron sobre el proyecto original, presentado por la presidenta, que establecía que el cien por ciento de esas regalías se destinaran a la educación, tal como pretendía su antecesor, Luíz Inacio Lula da Silva. (La Nación)