En las últimas 72 horas la Policía de San Luis quedó en el ojo de un huracán por fuertes sospechas de corrupción. Asesinaron a una tía del actual jefe de la fuerza de seguridad. Echaron al jefe de la División de Lucha contra el Narcotráfico, Darío Sosa, por una denuncia donde un detenido asegura que en su casa había 10 kilos de marihuana y 50 mil pesos cuando lo detienen y sólo declaran 850 gramos de drogas. La periodista y principal colaboradora en materia de medios de comunicación del gobernador electo, Alberto Rodríguez Saá, Gloria Velázquez, denunció públicamente y responsabilizó de manera directa al Gobierno y a la Policía si a ella o sus hijos les pasaba algo. Velázquez fue quien dio a conocer el informe de los “narcopolicías”
La sospecha de corrupción sobre cualquier fuerza policial del mundo genera una sensación peor que sentirse inseguro. El sentimiento es de indefensión y de una amenaza permanente por parte de quienes tienen constitucionalmente otorgado el uso de las armas para garantizar la paz social y prevenir el delito.
La Policía de San Luis no está comprendida dentro de las “corruptas” (Al menos datos recopilados en asociaciones como Poder Ciudadano y estadísticas judiciales de denuncias) o con altos índices de hechos delictivos por parte de sus efectivos; pero esto no quiere decir que no haya dentro de la fuerza quistes infectados, son la excepción, pero existen.
Y esos quistes a veces revientan y dejan salir a la superficie hechos que al menos tienen un manto de sospecha.
En pocas horas se produjeron una serie de situaciones que mancharon a la Institución.
La periodista y principal colaboradora del gobernador electo, Alberto Rodríguez Saá, Gloria Velázquez, denunció públicamente que es blanco de amedrentamiento y amenazas y puso en conocimiento de los ministros de Seguridad y Gobierno la situación. Responsabilizó a la Policía por si algo le pasa a ella y sus hijos. A la advertencia, además, la puso en conocimiento de todos los periodistas.
Hasta acá no se conoce una respuesta oficial y pública por ese escrito.
Gloria fue quien difundió un informe que llamó “narcopolicías”. El eje del trabajo consistió en la entrevista a un hombre que denunció haber sido detenido en octubre por la División Delitos por tener elementos robados en su casa. Pero no sólo había esas cosas, sino que según aseguró tenía al momento del procedimiento 10 kilos de marihuana y 50 mil pesos que no fueron asentados en el acta. Sólo constan 850 gramos de esa droga. Y del dinero ni una palabra, de acuerdo a sus dichos.
El hecho es difícil probarlo, pero amerita una investigación judicial profunda.
Por esa denuncia periodística el jefe de Policía, Marcelo Balbo, dispuso echar al jefe del Departamento de Lucha Contra el Narcotráfico, Darío Sosa, pero a las pocas horas por orden del gobernador, Claudio Poggi, el comisario fue repuesto en su cargo y ordenó que se inicie un sumario interno para establecer la veracidad de las declaraciones de este hombre.
Poggi, como jefe del Ejecutivo, tiene esa facultad. Pero políticamente dejó mal parado al Jefe de Policía, sin poder frente a sus camaradas y eso es de un peligro gravísimo en una Institución donde el verticalismo es su leitmotiv.
En medio de todo eso, murió una familiar del Jefe Balbo en un asalto que cometieron en su casa. La habían maniatado, amordazado y golpeado de tal manera que su corazón no resistió. La autopsia señala que el fallecimiento se produjo por un infarto.
La causa fue caratulada como “Homicidio en ocasión de robo” porque de la vivienda donde vivía se llevaron un televisor.
Remontando hacia atrás, en los últimos meses y años hubo otros hechos que avergonzaron a la fuerza local, como el caso que tuvo repercusión nacional de la mujer policía teniendo sexo con un subalterno en la garita de vigilancia del Palacio Legislativo de San Luis.
La mujer involucró directamente al Jefe de Policía de ese entonces, Guillermo Valdevenitez en una maniobra extorsiva por difundir audios de ese momento íntimo. Días más tarde el funcionario debió renunciar por una denuncia de acoso sexual. Si bien se trata de un civil, la camarilla que había armado dentro de la Jefatura no.
Hace algunas semanas el jefe de la Comisaría de La Punta, Pablo Rubato, también estuvo en medio de una polémica por las sanciones que aplicaba al personal a su cargo si no le traían detenidos.
Y más cerca en el tiempo, un juez le dictó la prisión preventiva a un policía que está señalado como autor de un asalto a mano armada al Tragamonedas de El Volcán.
Así el escenario, la Policía de San Luis debería comenzar un proceso de depuración serio y profundo encarado en dos frentes: la escuela de Seguridad Pública (el primer filtro para elevar la calidad de los egresados) y dentro de la propia fuerza. “Son pocos y se conocen mucho, hay que tomar la decisión histórica de sacar de una vez por todas la corruptela de adentro, son los menos, un grupo minúsculo que mancha el honor de la fuerza y de pertenecer a esta fuerza”, le dijo a Punto Aparte un ex jefe de Policía que estuvo varios años a cargo de la Jefatura.
La Policía tiene relaciones directas con dos poderes del Estado. Con el Ejecutivo por su propia naturaleza, lo cual le ha generado también un roce con la política, y debe reconocerse aquí que a veces se metió en ese barro; y con el Judicial.
Desde este último Poder, cada vez que un Juez quiso ir hasta la médula del problema terminó siendo víctima de llamativos robos y persecuciones.
También los jueces penales se quejan de que se les saben caer causas por la mala actuación inicial en sede policial.
Viene un nuevo Gobierno y por ahí podrían comenzar a entenderse algunas cosas.
Yamila Fernández