La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sostuvo que “urge” un cambio en la realidad carcelaria del país, al denunciar situaciones de violencia institucional, sobrepoblación, la existencia de presos sin condena y recursos que se desvían en “actos corruptos”, en tanto que remarcó la necesidad de “concretar y profundizar más políticas de inclusión” y no pensar en “penas más duras”.
Así lo afirmaron los obispos en una declaración titulada “Estuve preso y me viniste a visitar”, citando un versículo del Evangelio de San Mateo; texto que había sido aprobado en noviembre del año pasado por la asamblea plenaria y que difundió esta tarde la comisión permanente de la CEA con motivo de la Cuaresma, el tiempo de preparación antes de la Pascua.
“En una sociedad donde lamentablemente se multiplican los hechos delictivos, unidos muchas veces a la violencia y a la muerte, estamos convencidos que la solución oportuna para resolverlos no se alcanza simplemente con penas más duras y más cárceles. Pensamos que el camino es otro: concretar y profundizar más políticas de inclusión que, buscando el bien común, ofrezcan igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad, para su justo y debido desarrollo integral”, indicaron los obispos en el texto.
En ese marco, señalaron que “urge un cambio, ya que la ´reclusión no es lo mismo que exclusión –que quede claro–, porque la reclusión forma parte de un proceso de reinserción en la sociedad´”, citando palabras textuales del papa Francisco pronunciadas en la cárcel de Palmasola en Bolivia, en el marco de la visita que realizó el año pasado.
En el primer pronunciamiento de índole social durante el gobierno de Mauricio Macri, el Episcopado propuso que “frente al delito, la respuesta no sea sólo el encierro y el olvido en las cárceles” y pidió hacerse “cargo del hermano que se equivoca” así como recorrer “caminos de justicia y reconciliación para sanar heridas”.
Frente al trabajo pastoral que muchos integrantes de la Iglesia realizan en unidades penales de todo el país, los obispos manifestaron su preocupación ante la realidad carcelaria y expresaron la necesidad de “generar acciones concretas en favor de la dignidad de las personas privadas de libertad y particularmente de quienes pertenecen a los sectores sociales más vulnerables” como también del personal “comprometido en esta tarea de servicio social”.
En su diagnóstico, los prelados dijeron que “son muchas las causas que van generando y potenciando en la Argentina actos de violencia y muerte” y mencionaron, entre ellas, el crimen organizado, que “produce formas de violencia de todo tipo, y busca también transformar en victimarios de otros sectores de la sociedad, a quienes padecen exclusión y desigualdad”.
“La paz social que tanto anhelamos se ve fuertemente afectada. Urge recorrer caminos de reconciliación y de amistad social”, expresaron.
Asimismo, el Episcopado denunció que “parte de los recursos económicos presupuestados por el Estado para satisfacer las necesidades básicas” de las personas detenidas “se desvían con actos corruptos y no llegan a los presos” y sostuvo que “ningún preso debe carecer de estos bienes y de los derechos y garantías constitucionales de todo ciudadano, cualquiera sea su condición social, o la razón de su detención”.
Entre otras cuestiones, señaló que “es necesario prevenir y erradicar toda forma de violencia institucional”, denunciaron la “sobrepoblación existente hoy en la mayoría de las cárceles”, y advirtió sobre la existencia de “presos sin condenas”, que son “encarceladas por la sospecha más o menos fundada de un delito cometido, y luego por la lentitud de la justicia u otros intereses, como el encubrimiento de los responsables de graves hechos de corrupción, o simplemente porque son pobres, pasan largo tiempo detenidos sin condena”.
Finalmente, se mencionó la “ausencia de proyectos y programas que reduzcan al mínimo el período de detención, personas a las que se le debería dar un tratamiento penal alternativo fuera de la cárcel, dado que padecen enfermedades graves o terminales, o son mujeres embarazadas, o personas con capacidades diferentes, o de adultos de edad avanzada previstos en la ley; y otros con problema de droga que necesitan un ambiente distinto a lo que le ofrece la cárcel”.