Mario Mini, abogado de Laura Godoy, la mujer asesinada el lunes 26 de julio en Tilisarao, aportó un dato inquietante y que abre otra vez la discusión sobre los tiempos que se toma la justicia para resolver o tomar medidas urgentes y efectivas ante casos de violencia de género.
El femicidio de Laura, ¿se podría haber evitado? La respuesta categórica es sí, en la medida que los resortes judiciales hubieran actuado en una dirección correcta y contundente.
Mini precisó que la víctima denunció a su ex pareja, Cristian Alexis Alaniz (ahora detenido y acusado de asesinarla), el 3 de julio último, pero esa presentación llegó al juzgado del Crimen dos días después que la mataron.
Es decir, no pudo contarle al Juez Penal que había sido golpeada y que estaba amenazada. Si esa instancia se hubiera producido, probablemente Alaniz habría sido detenido y hoy se estaría escribiendo otra historia.
Desde el Poder Judicial reconocieron que la denuncia de Laura ingresó en la fecha descrita por Mini (3 de julio) y que la misma generó una medida cautelar dictada 24 horas más tarde por el juez Carlos Hugo Orozco, magistrado titular del Juzgado de Familia y Violencia por los Departamentos Chacabuco y San Martín.
“Ese mismo día, el juez dictó la prohibición de acercamiento recíproca de hasta 300 metros por el plazo de 6 meses, como así también la prohibición de contacto. A su vez, requirió al personal policial realizar rondas preventivas en el domicilio de Godoy, y presentarse ante el simple requerimiento de ella en el domicilio y/o lugar que manifestara”, señalaron desde la Justicia.
También, “ofició a la Secretaría de la Mujer, Diversidad y Género, solicitando su intervención, y la activación del dispositivo de alerta temprana (ex botón antipánico) en el celular de la joven. En ese sentido, vale mencionar que el acusado no tenía denuncias por incumplimiento a tales medidas al momento de iniciarse la investigación por la muerte de Laura Godoy”, indicaron desde el Poder Judicial puntano. Con todo la causa avanzó en las últimas horas con una serie de medidas probatorias como estudios psicológicos a Alaniz; muestras de ADN y peritajes de los celulares de la víctima y el acusado.