Validan en la ciudad el protocolo de Atención a Víctimas de Violencia

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El intendente, Enrique Ponce y la Directora Nacional de Asistencia Técnica del Consejo Nacional de las Mujeres, Natalia Turbiner, firmaron ayer el Acta Compromiso y Validación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia


 

“Lo que firmamos es un protocolo facultativo para llevar a delante el compromiso para darles asistencia a todas las víctimas de violencia de género en la Ciudad de San Luis, a partir de la construcción que estamos realizando del Refugio para Mujeres en Situación de Violencia”, dijo el intendente, Enrique Ponce, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre las denuncias por maltrato laboral que pesa sobre uno de sus funcionario más cercano, como es el director de prensa.

“Es un protocolo que fija todas las pautas técnicas que tienen que determinan el funcionamiento del sistema de atención de todas esas mujeres que sufren violencia de género,  las cuales tienen que ser asistidas mediante un trabajo interdisciplinario para recibir contención por los perjuicios que padecen”, agregó.

 

“Ese protocolo, firmado con el Consejo Nacional de la Mujer, me pone muy contento porque seguimos avanzando en todas las políticas públicas, desde el Municipio y también con la Nación, para preservar y garantizar todas las formas de protección integral de derechos de aquellos sectores más débiles, porque estas son leyes nacionales que surgieron en los últimos 10 años en Argentina, donde a partir de convenciones internacionales de Derechos Humanos, toman carácter de orden público. Después las provincias adhieren, al igual que los municipios”, señaló el jefe Comunal.

“Nuestro proyecto pone  siempre como eje el desarrollo humano y social, y yo como intendente me siento obligado por mis valores políticos, a implementarlo. Por eso el Centro de Prevención Local de Adicciones que estamos construyendo, por eso las viviendas sociales que entregamos, donde el 80 por ciento de los adjudicatarios que son mujeres monofamiliares, es decir, un núcleo solo donde está ella con 3, 4 o más pibes a cargo en situación de violencia económica”, agregó.

Por su parte Natalia Turbiner dijo que “lo que firmamos con el Intendente Ponce es el Protocolo Marco Nacional, que se diseñó desde Nación para que sea el paraguas general, teórico e ideológico de lo que es el funcionamiento de los hogares de protección integral a nivel nacional”.

“La intención es generar un marco sobre el cual se trabaje en los protocolos locales lo que tiene que ver con los procedimientos más concretos del funcionamiento de un refugio. Para nosotros es importante la adhesión de los municipios porque significa el compromiso por parte de las articulaciones a generar un protocolo dentro de ese marco, que es de DD HH, y tiene que ver con un tipo específico de abordaje, con el respeto a la diversidad de las mujeres entendiendo que no son todas iguales y que las necesidades son diferentes”, indicó.

“El abordaje del fenómeno de la violencia requiere de una articulación integral que abarca una enorme cantidad de sectores, con lo cual el abordaje debe ser intersectorial. Todo el proceso requiere un marco normativo que establezca responsabilidades”, Sostuvo.

Algunos postulados del Acta

“Los tipos de violencia contra las mujeres son: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Por otro lado, sus modalidades se enumeran como: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Estas definiciones incluidas dentro del marco normativo nacional, amplían las concepciones de violencia contra las mujeres y por lo tanto permiten identificar formas de violencia invisibilizadas por la legislación anterior, ligadas a imaginarios menos sensibles a la problemática. Por ejemplo, si bien la violencia física se cuenta dentro de la más frecuente según los tipos, el trabajo de visibilizar y asistir otros tipos y modalidades puede favorecer la detección y prevención de situaciones potenciales del tipo físico de violencia hacia las mujeres”.

“En este marco normativo, se puede leer en su artículo 10, inciso 6, la consideración específica sobre la construcción de Hogares de Protección Integral, que se configuran como lugares de asistencia, protección y seguridad. En este espacio de alojamiento temporario, las mujeres y su grupo familiar recibirán servicios básicos, contando con instalaciones para el aseo personal, alimentación, seguridad, protección y contención a nivel profesional, atención médica, psicológica y de trabajo social, así como también apoyo escolar y recreativo para los/as niños/ as y opciones de orientación en capacitación y talleres formales para las mujeres”.

“Es importante destacar el esfuerzo en orientar la asistencia con la mayor integridad posible, cuestión que es subrayada por la posibilidad de alojar a las mujeres conjuntamente con su grupo familiar primario. Se sugiere considerar como criterio general de la permanencia en los Hogares un lapso de 15 días, que no deberá exceder en casos extraordinarios un tope máximo de 90 días. Este parámetro radica en el principio de celeridad con que se pretende asistir a las mujeres que atraviesan una situación crítica. En esta línea, vale aclarar que no forma parte de las políticas sociales generar lazos asistencialistas, ni quedar supeditadas a la espera de acciones judiciales o de cualquier otra índole que demoren la resolución de la situación de violencia, lo que sumaría mayores inconvenientes a la asistencia”.

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